México

Autor: Olina Marino

En México, el fin del 2006 representó cambio de gobierno federal. Buen momento para hacer un recuento de los seis años que el gobierno saliente dejó en materia de tecnologías de información y comunicación (TIC), y para revisar las condiciones que permitan vislumbrar algunas acciones que el gobierno entrante pueda tomar en esta materia. El presente documento ha sido realizado tomando en consideración acciones concretas del gobierno saliente a partir de una investigación de gabinete realizada entre septiembre y diciembre del 2006, así como entrevistas con diversos actores de la sociedad civil, académicos y con funcionarios del gobierno federal. 

Situación Nacional 

El cambio de gobierno en México no significa cambio de orientación política. Vicente Fox salió de la Presidencia y Felipe Calderón la asumió a finales del 2006. Dos hombres del mismo partido conservador: Acción Nacional. 

El gobierno saliente expresó durante su gestión, interés por la expansión de las TIC en el país. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes. Al momento del cambio de gobierno, sólo el 19% de la población cuenta con acceso a una línea telefónica; el número estimado por la Asociación Mexicana de Internet (AMPICI) de usuarios de internet es de 20.2 millones de personas (AMPICI, 2006) cifra que representa poco más del 20% de la población mexicana. Son cifras que no alcanzan a posicionar al país dentro de la media internacional1. Por ejemplo, en 2005, de cada 100 personas sólo 11.2 contaron con computadora y sólo una tuvo acceso a banda ancha. No es de extrañarse, por lo tanto, que la inversión mexicana en tecnologías de información es del sólo 1.4% del PIB, cifra muy inferior frente al promedio de 4.3% del PIB que destinan los demás países miembros de la Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), organización de la cual México es miembro. (Economist Intelligence Unit, 2006) 

Tal descomposición se va agravando al observar la brecha digital a nivel geográfico: mientras que el 23% de la población del centro del país tiene acceso a computadoras, sólo el 4% de la población de la región sureste lo tiene; y mientras que el 21% accede a internet en el centro del país, sólo el 6% lo hace en el sureste. Interesante es mencionar que los ocho estados más pobres del sur tienen densidades telefónicas de apenas 5 al 10% (Economist Intelligence Unit, 2006). Sin duda, México es un país con considerables diferencias estructurales. Por un lado, el norte y centro como regiones con mayores recursos financieros y atención y, por otro, el sur del país, zona con mayor densidad poblacional indígena y campesina, migrante y con mayores índices de pobreza. 

De manera general se puede decir que en los últimos 6 años – período presidencial sexenal estructurado conforme a las leyes mexicanas - el gobierno dijo haber intentado avanzar en el aumento de conectividad a escala nacional y en el crecimiento de los servicios digitales en diversos sectores fundamentales para gobierno y sociedad como el de salud, vivienda, educación, y recaudación de impuestos. Sin embargo, de manera sustancial, el desarrollo de las TIC se vio orientado hacia la competitividad y el mercado, y mucho menos hacia la expansión de las bondades que ofrecen estas tecnologías en materia social y comunitaria. 

En la transición de gobierno, diversos sectores de la sociedad están haciendo esfuerzos hacia la utilización de las TIC a nivel nacional pero como una tabla de salvación frente a la pérdida de competitividad sufrida en el país.2 Las tecnologías de la información y comunicación son vistas por diversos sectores vinculados a la economía, como una de las herramientas más eficientes para aumentar la productividad y de esta manera revertir la pérdida de competitividad, tal como lo señala el documento “Políticas Públicas para el Uso Adecuado de las Tecnologías de la Información y Comunicación para Impulsar la Competitividad de México. Visión México 2020” cuya tesis central es: la competitividad del país puede mejorar sustancialmente a través de la adopción de tecnologías de la información y comunicación. Según este documento elaborado por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática (CANIETI) y la Fundación México Digital (FMD), bajo el liderazgo del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y con la colaboración del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la empresa de investigación de mercados Select, para alcanzar esta visión se requieren innumerables acciones, que se resumen principalmente en cinco propósitos: 

1. Un acuerdo de Estado que establezca una agenda nacional para la competitividad, la innovación y la adopción de TIC que promueva la transición de México hacia la sociedad del conocimiento.

2. Un gobierno que actúe como agente de cambio mediante la adopción temprana y eficiente de las TIC, que impulse la competitividad de la economía y mejore el bienestar de los mexicanos.

3. Un gobierno que fomente el desarrollo del sector TIC para que ocupe un espacio significativo y sea motor de crecimiento en la economía del país.

4. Un gobierno eficiente cuyos servicios públicos sean de “clase mundial” vía la adopción de TIC.

5. Educar para y con TIC, con el propósito de cerrar velozmente las brechas de calidad y disponibilidad de la educación (AMITI, 2006). 

Lejos de concretar un modelo particular para el país acorde con sus características de multiculturalidad, de diversidad extrema en términos económicos, sociales, y educativos, con características de alta pobreza y otras que colocan al país en una situación vulnerable3, el accionar del gobierno federal mexicano reproduce, a nivel de TIC, un modelo de mercado diseñado en la instancia global4, inclinado a buscar altas rentabilidades para los grupos de poder nacionales. Así, no sólo ascienden fuerzas económicas y tecnológicas que instauran nuevos circuitos de valor5, sino que se fortalecen las ya existentes en el territorio nacional, que basan sus cadenas rentables y de poder en procesos de información y comunicación. Ejemplos saltan la vista, con las bien conocidas corporaciones Televisa y Telmex, la famosa televisora y la compañía de teléfonos, respectivamente. Estos grandes monopolios buscan comerse el pastel completo que ofrece la convergencia digital a partir de sus posiciones actuales: Telmex, por ejemplo, controla el 95% de telefonía local, 80% de larga distancia, 75% del mercado de telefonía celular y alrededor del 70% de servicios de internet en el país (Economist Intelligence Unit, 2006). 

Conforme a sus planes actuales, Telmex pretende difundir canales de televisión, lo que indudablemente significaría mayor concentración de sus capacidades monopólicas. Ante este intento, si bien diversas instancias federales se muestran a favor, no hay del todo posiciones unificadas en el gobierno federal. Mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está a favor de eliminar las restricciones del Título de Concesión que permitan a esta empresa ofrecer servicios de televisión, la Secretaría de Hacienda está proponiendo franquicias especiales. Obviamente a favor de esta última Secretaría están las pequeñas empresas telefónicas a quienes se les ha excluido, por la vía de la competencia, de incorporarse plenamente a la oferta regular de servicios telefónicos. 

Es decir, las acciones emprendidas por el gobierno y por algunas empresas con el aval del gobierno federal no corresponden a una política pública claramente delineada (Ramírez, 2006). Este país se sigue caracterizando por la modificación de leyes y por la aprobación de reformas sin un cobijo acordado y concretado en políticas públicas. Son acciones que obedecen a las necesidades de transformación y crecimiento de ciertas empresas y sectores. Esto quedó comprobado con la aprobación reciente de la así conocida “Ley Televisa”, que favorece a concesionarios ya de por sí favorecidos con frecuencias de radio y televisión al ofrecerles la posibilidad de utilizar esas frecuencias para extender su oferta y, por lo tanto, su negocio hacia otros servicios de telecomunicaciones, haciendo uso del segmento del espectro radioeléctrico propiedad de la Nación. 

Esto se logró de manera inaudita. En noviembre del 2005 la Cámara de Diputados dictaminó en sólo ocho días, y votó por unanimidad en siete minutos y sin discusión alguna en tribuna legislativa una iniciativa de reformas a dos leyes fundamentales del país. Se tratan de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la de Radio y Televisión, mejor conocida como la ya mencionada “Ley Televisa”. La intención de quienes proponían tras bambalinas estos ajustes era que en la Cámara de Senadores también se aprobara de manera similar. La acción de algunos senadores permitió que un tema tan crucial saliera a la luz pública antes de la aprobación y se iniciaran diversas consultas y debates, donde la mayoría de las opiniones se manifestaron en contra. Instituciones federales como la Comisión Federal de Competencia, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Federal de Telecomunicaciones manifestaron observaciones fundamentales para reconsiderar su aprobación (Solís, 2006). Sin embargo, las diversas observaciones, audiencias y consultas públicas fueron en vano. El Senado aprobó la desafortunada “Ley Televisa” en marzo y lo publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2005. 

Con la aprobación de esta ley el Estado quedó al servicio de los intereses monopólicos de las empresas de comunicación; no reconoció las necesidades expresadas por numerosos sectores de la ciudadanía para lograr el desarrollo de las comunidades; dejó a la comunicación sólo el triste papel de mercancía para acumular más capital; subastó los bienes de la Nación al mejor postor, sin tomar en cuenta criterios de beneficio y desarrollo de las comunidades; y para nada respetó una negociación multipartita en donde debían participar empresas, Estado y representantes de la sociedad civil. 

Así, la culminación de uniones monopólicas que se ven fomentadas en México se expresa con el acercamiento precisamente de Telmex y Televisa para gestionar posibles alianzas. En la TV paga, por ejemplo, Telmex sería el líder mayor, mientras que en acuerdo con Televisa, ofrecería los mismos contenidos que actualmente se encuentra produciendo este monopolio en la televisión nacional. 

Lejos de que los beneficios obtenidos por la convergencia tecnológica pasen a ser propiedad de la Nación mexicana, y formar parte de una reserva potencial de concesiones a ser liberadas de forma transparente gradual y pública de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la sociedad, con las medidas adoptadas se favorece una mayor concentración de monopolios ya existentes y por lo tanto, favorecen los intereses de muy pocos. 

Ahora bien, en continuidad con el modelo desarrollado por el gobierno pasado, el Secretario de Comunicaciones y Transportes de la nueva administración, Luis Tellez, ha delineado como puntos básicos de su estrategia para esta Secretaría – institución puntal en materia de TIC -: una mayor competencia y calidad de los servicios en telecomunicaciones y transportes; revisión del cumplimiento de concesiones; atajar la concentración de permisos a particulares e impulso a la inversión e infraestructura, de manera estrecha con el sector privado, “con todas las facilidades posibles”, pero sin perder la rectoría del Estado (Cardoso, 2006). Cabe mencionar que el nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes nombrado en noviembre del 2006 viene de formar parte de los consejos de administración de poderosas empresas nacionales y extranjeras como Grupo DESC, Cablevisión, Bancomer, Grupo México y GAP, entre otras. Justo antes de su nombramiento participó como directivo del Grupo Carlyle6 en México, una de las firmas de inversión de capital privado más importantes del mundo, y de Sempra Energy, mismas que se les vincula con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush. 

Además de reformas que no benefician en lo absoluto a la sociedad en general, otras dos líneas de trabajo desarrolló el gobierno de Vicente Fox en materia de Tecnologías de Información y Comunicación. La primera corresponde a la promoción de su programa e-méxico que va de la mano con las acciones emprendidas en el terreno del gobierno electrónico; y la otra corresponde al desarrollo de la industria del software, carrera que si bien está todavía muy incipiente en este país, algunas instancias fueron desarrolladas a nivel federal: Fundación México Digital, el Fondo PyME, el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT), el Programa para la Competitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnología (PCIEAT) y el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). 

La iniciativa de e-México del gobierno federal fue medianamente conocida por su serie de portales: e-aprendizaje, e-salud, e-economía, e-gobierno y algunos otros orientados a poblaciones específicas como la de grupos indígenas, y menos conocida por la instalación de sus puntos de conectividad, para los cuales realizó convenios con varias instancias gubernamentales y privadas. En términos de e-gobierno se observa que el crecimiento de la política federal ha tenido una fuerte orientación hacia la producción de sitios que tienen por objetivo hacer más fáciles y rápidos los servicios, trámites y pagos de los ciudadanos, en una suerte de transformar las instancias de administración pública usando como base instrumentos de tecnologías digitales. En diciembre de 2005 se emitió el Acuerdo por el cual se estableció la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la cual tiene el propósito de apoyar las diversas iniciativas, proyectos y procesos gubernamentales en materia del gobierno electrónico. Entre los cambios tecnológicos que se han llevado a cabo hasta el año 2006 se encuentran el portal ciudadano, los kioscos, compranet, el registro único de causantes, y el servicio profesional de carrera (Gigli, 2006). 

Estos desarrollos representan una fabulosa coyuntura para aumentar la visibilidad pública de la acción de gobierno reforzando de este modo una imagen pública de transparencia, buen gobierno y modernización de la gestión (Micheli, 2005) incluso cuando los resultados no sean del todo positivos. Sin embargo, si bien estas acciones tienen como consecuencia la positiva transformación de la cultura administrativa en aspectos como acceso a documentación, o reducción de tiempos en las gestiones administrativas7, es de reconocerse que la adopción de tecnologías por parte del gobierno también está significando un ahorro de trabajo humano y por ende de recorte de personal en instancias federales8. 

Por otro lado, como un acierto del gobierno saliente se debería considerar la puesta en marcha de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de abril del 2002. 

Los objetivos aprobados con esta ley fueron:

- Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;

- Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados;

- Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados;

- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los sujetos obligados;

- Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos; y

- Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Podríamos decir que el inicio de esta ley fue un buen incentivo para la población, sin embargo, ante las negativas diversas provenientes de varias instancias federales y estatales, poco a poco fue cayendo el entusiasmo de lo que en algún momento pareció ser un avance práctico en el derecho a la información en México.

Algunas dependencias oficiales se han negado a proveer información pública gubernamental, tal como ha sucedido con la Secretaría de Relaciones Exteriores que al menos en tres ocasiones en el año 2006 negó solicitudes públicas, amparándose en procesos judiciales para evitar la entrega de información (Velasco, 2006). Otros casos similares son las negativas de entrega de documentos desde la propia Presidencia de la República (La Jornada, 2006); el de la resolución del IFAI de mantener bajo reserva por tres años los expedientes sobre un procedimiento administrativo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) siguió en contra de varios funcionarios por tentativa de tráfico de influencias; la de mantener en reserva por doce años información solicitada sobre 206 diputados pertenecientes al partido en el gobierno, por mencionar solamente algunos. Aún con todos estos incidentes, es de reconocerse el avance en esta materia con la aprobación y ejecución de dicha ley. 

Importante, sin embargo, es considerar que el derecho social en el sentido de que la sociedad se mantenga informada, con todas la implicaciones del concepto, no se encuentra reglamentada en las legislaciones actuales del Estado mexicano (García, 2005). En el derecho a la información no puede ser considerada únicamente la información pública gubernamental tal cual se define en nuestra ley actual, sino la posibilidad de acceso a cualquier tipo de información que se encuentre en esas instituciones. Todavía falta, entonces, legislar en México en este sentido. 

Existen otros temas sobre el derecho a la información como la garantía a la libertad de expresión, en donde se debe considerar un grave retroceso durante los últimos seis años. En el país, el último gobierno deja pendiente la impunidad que permea sobre 25 casos de periodistas asesinados, 20 de los cuales están directamente relacionados con temas o con información que dichos comunicadores hicieron públicos, y a pesar de existir algunas averiguaciones, en ningún caso se ha logrado una sentencia. De ahí que la organización Reporteros sin Fronteras considere a México en el penúltimo sitio de la lista de países latinoamericanos que defienden la libertad de prensa. Por su lado, conforme a los terribles hechos ocurridos en el sexenio pasado, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) calificó a México como el país latinoamericano más peligroso para los comunicadores que profesionalmente abordan los temas de crimen y corrupción. Con el gobierno de Fox Quesada, México se convirtió en el 2005 "en el país más letal para la prensa de todo el continente americano" y en el 2006 quedó clasificado en el segundo puesto mundial, sólo detrás de Irak (León, 2007).


Otro aspecto pendiente en esta transición gubernamental es el compromiso correspondiente a la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el que corresponde a su derecho a la información y comunicación. En noviembre de 2005 se reunieron en la Ciudad de México más de 150 participantes provenientes de comunidades indígenas de 19 países de América Latina. El taller se desarrolló con el auspicio de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, (UIT), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, (CDI) también de México. En este evento se expresaron varias de las demandas indígenas de nuestro continente que bien corresponden a la realidad mexicana en términos de la democratización de las TIC. Los representantes indígenas observaron como punto de partida la necesidad de su participación en el uso, administración y control de las TIC a nivel nacional, es decir, su participación en la demarcación de políticas públicas que incluya el diseño de la política informacional desde, por y para su comunidades, con visiones y culturas propias, que correspondan a los diversos contextos y realidades indígenas. Ello implica la reflexión sobre las modernas tecnologías y la manera en que los indígenas se inserten en el nuevo contexto de la sociedad de la información, desde perspectivas socio-culturales propias. 

Apuntaron la imperante necesidad de defender a través de las TIC el reconocimiento y la práctica de los derechos básicos de los pueblos indígenas, la libertad de expresión, y hacer de las TIC una herramienta efectiva contra la violación a sus derechos. Particularmente para México, es relevante el respeto a los Acuerdos de San Andrés, sobre cultura y derechos indígenas firmados en 1996 entre comunidades indígenas y gobierno federal9. 

En la medida en que el acceso indígena a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación se encuentra estrechamente relacionado con los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los representantes sostuvieron la propuesta de orientar la creación de leyes comunitarias desde el nivel local; la petición a los gobiernos sobre la libertad de ejercer su propia espiritualidad; así como demandaron a también a los gobiernos conocer la pluralidad jurídica de los pueblos indígenas, derechos humanos y colectivos para el ejercicio de sus propias formas de comunicación ante las TIC. Así lo expresaron los comunicadores indígenas, cuya síntesis fue la de reconocer que ellos “necesitan crear su política de comunicación indígena” que fortalezca al desarrollo de los pueblos originarios, que fortalezca sus culturas, sus cosmovisiones, sus lenguas y sus identidades étnicas (Sandoval, 2005). 

Desafortunadamente, en México las políticas públicas en este aspecto se encuentran orientadas al fortalecimiento de la competitividad, el mercado y los intereses de grupos monopólicos. El gobierno que inició a finales del 2006 no augura para los próximos seis años ningún cambio sustancial en el accionar del gobierno federal en cuanto a generar políticas públicas orientadas al beneficio de las comunidades y a desarrollar la función social de las tecnologías, por lo menos en lo que a las de Información y Comunicación se refiere. 

Participación 

A lo largo de estos últimos seis años instancias del gobierno federal han optado por vincularse de manera cercana con sectores empresariales y muy poca ha sido su apertura y negociación con sectores de sociedad civil que promueven las TIC para el bien común y el desarrollo humano sustentable. Así, las organizaciones de la sociedad civil demandantes y promotoras de iniciativas basadas en TIC para la promoción del acceso a la información pública, la transparencia, la participación, la defensa y promoción de la diversidad cultural y lingüística, con iniciativas comunitarias de comunicación, de fortalecimiento de capacidades, de empoderamiento de la ciudadanía, y en general iniciativas vinculadas a la promoción y generación de conocimiento para el bien común, poco han podido realizar en conjunto con el gobierno federal. 

Además de los monopolios ya conocidos, diversas agrupaciones empresariales son también las contrapartes del gobierno federal. Por mencionar, la AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet), que nació en 1999, la AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información A.C.), asociación fundada en 1985, que cuenta con 260 empresas asociadas que se unen para incentivar la industria y competitividad de las tecnologías de la información en el país. Su presidente es director general de Microsoft México y uno de sus vicepresidentes es el cuñado del presidente Felipe Calderón, quien además se vio envuelto en un escándalo por la cantidad de contratos de su empresa Hildebrando S.A. de C.V. con empresas del gobierno federal y por la inconsistencia en el pago de sus impuestos. 

En gran medida, la necesaria relación del gobierno con las empresas no ha dejado espacio a la agenda pública referente a Tecnologías de Información y Comunicación, misma que debería estar abierta a la participación de los demás sectores de la sociedad, tal como sería lo esperado de cualquier gobierno democrático. “El contexto de "apertura política" que ha creado el gobierno mexicano en este sexenio para realizar la Reforma del Estado, ha demostrado ampliamente que los diagnósticos, las demandas e iniciativas fundamentales de políticas de comunicación que ha presentado la sociedad mexicana para la transformación del Estado nacional, vía los Foros, los Seminarios y las Consultas Públicas, han sido negadas, menospreciadas, desconocidas y marginadas por la esfera del poder. Con ello, una vez más, vuelve a surgir la profunda desilusión y desencanto de la sociedad civil para considerar que los espacios de "apertura" que ha creado el Estado sean los conductos viables para la transformación de estas políticas públicas” (Esteinou). 

En este sentido, todavía sigue siendo una demanda de la sociedad civil mexicana la de garantizar el diálogo e interlocución por parte del Gobierno Federal para tomar en cuenta las diferentes propuestas y posturas de los diversos sectores de la sociedad mexicana, así como los mecanismos que transparenten la postura y procesos que el Gobierno Federal esté llevando en marcos nacionales e internacionales vinculados a las decisiones sobre políticas públicas en cuanto a Tecnologías de Información y Comunicación se refiere. Es decir, esa ausente característica actual de la relación gobierno sociedad debería ser modificada en este sexenio, pues es imprescindible la participación de la Sociedad Civil como actor fundamental en la construcción de políticas públicas en el país. 

Por su lado, la Sociedad Civil a través de sus organizaciones se mantiene construyendo modelos alternativos, propuestas y proyectos orientados a la utilización de medios y tecnologías de comunicación e información para el bien común. Son iniciativas que implican muchos esfuerzos en un marco adverso en términos políticos y económicos: 

Organizaciones de comunicación, de derechos humanos y diversas publicaciones alternativas trabajan cotidianamente por colocar el tema de las tecnologías de la información y comunicación desde el marco fundamental del derecho humano a la comunicación, la dignidad humana y de los derechos humanos en su conjunto. 

Otras más trabajan para fortalecer la infraestructura y crear nuevas para que la población vulnerable pueda acceder a las nuevas tecnologías que les permitan construir sus contenidos de acuerdo a sus necesidades locales. 

Organizaciones civiles orientadas a la materia técnica y educativa impulsan el reconocimiento y la utilización práctica del Software Libre como una poderosa herramienta. 

Agrupaciones de periodistas, de derechos humanos y de comunicadores en general, trabajan también por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Sin embargo, desafortunadamente sus esfuerzos no han dado mucho resultado. 

Organizaciones y comunidades trabajan también arduamente para impulsar la radiodifusión como un servicio público favoreciendo la participación democrática en los medios de comunicación fundamentalmente de aquellos históricamente marginados como las mujeres, los jóvenes y las minorías, entre otros. Ello supone, la promoción de medios de comunicación propios. Radios comunitarias se mantienen a contracorriente pero muy arraigadas a sus localidades en diversos puntos del país. Radios por internet también están apareciendo como una alternativa. 

Iniciativas dedicadas a la educación y TIC avanzan en el desarrollo de capacidades, en un intento de no sólo aminorar la brecha digital en el acceso a la infraestructura tecnológica, sino sobre todo del fortalecimiento de capacidades de las personas y colectividades en el uso y la utilización de TIC, promoviendo que los usuarios se transformen en creadores y productores de tecnología, nuevas herramientas y contenidos, y no meros consumidores de información. Varias iniciativas exitosas se encuentran trabajando con jóvenes y con mujeres. Particularmente interesante es este desarrollo que vincula género y TIC. Cientos de mujeres han sido capacitadas generando en ellas una actitud de fortaleza apoyadas con las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Por otro lado, se han desarrollado pocas pero suculentas alternativas a la fuerte cooptación de los poderosos monopolios interesados en la convergencia digital, TIC y medios masivos de comunicación. Una de ellas se desarrolla en el intento de fomentar una conciencia crítica que asuma un papel activo en la reorientación del papel de los medios de comunicación. Como una iniciativa ciudadana se ha propuesto la construcción de un Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos, OCME. Espacio desde donde se atienda a los públicos en una doble tarea de conocer y difundir sus opiniones, y de dotarlo de herramientas que le permitan comprender a los medios y reorientar su función social. El Observatorio Ciudadano de Medios Electrónicos, nace como una iniciativa de "El fin justifica @ los medios" programa especializado en el análisis de los medios de comunicación con 17 años al aire en Radio Educación, una radio cultural del Estado. El proyecto global del Observatorio Ciudadano es ambicioso pues plantea un modelo integral para atender la necesidad de educación y de reflexión sobre los medios de comunicación. Para ello, buscará conocer la opinión de las audiencias sobre los contenidos mediáticos, así como dar capacitación sobre los medios de comunicación, elaborar materiales audiovisuales didácticos y difundir los diagnósticos realizados por el observatorio en los medios de comunicación. El observatorio permitirá construir un espacio de reflexión social sobre los medios y canalizar las opiniones de las audiencias a las instancias gubernamentales y las empresas mediáticas. También, este espacio permitirá eventualmente contar con el respaldo social necesario para impulsar la creación de un marco legal orientado a democratizar los medios de comunicación.

Conclusiones 

En México, el fin del 2006 representó cambio de poderes del gobierno federal. Dicho cambio no está significando cambio de orientación política. 

Se puede decir, de manera sustancial, que el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación en el país se vio orientado intensamente por el saliente gobierno federal hacia el marco de la competitividad y el mercado, y mucho menos hacia el uso de dichas tecnologías en materia social y comunitaria. 

La relación gobierno sociedad se ha manifestado de manera unilateral hacia el fortalecimiento del binomio empresas - gobierno, particularmente aquellas con fuerte intereses económicos que impregnan la sociedad mexicana. Ello a pesar de las diferentes necesidades, propuestas, e iniciativas emanadas desde muy diversos sectores de la Sociedad Civil. Ejemplos de ello se encuentran en la aprobación de dos leyes fundamentales del país: la Ley Federal de Telecomunicaciones y la de Radio y Televisión aprobadas en el 2006. Con su aprobación el Estado quedó al servicio de los intereses monopólicos de las empresas de comunicación; subastó los bienes de la Nación sin tomar en cuenta criterios de beneficio y desarrollo de las comunidades; y no respetó una negociación multipartita en donde debían participar empresas, Estado y representantes de la sociedad civil. 

Por la composición del gobierno y las iniciativas gubernamentales anunciadas hasta el momento, no se augura para los próximos seis años ningún cambio sustancial en el accionar del gobierno federal en cuanto a generar políticas públicas orientadas al beneficio de las comunidades y a desarrollar la función social de las tecnologías, por lo menos en lo que a las de Información y Comunicación se refiere.


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