Mexico

La diversidad y la riqueza de México no se están aprovechando en el proceso de construcción de la sociedad de la información del país. Lo que podría ser una sociedad de la información notable que emanara de su pueblo y su riqueza y variedad de culturas – que podría traducirse en una gran riqueza de contenidos – resulta en cambio restringida. La construcción homogénea de la sociedad de la información mexicana resulta, por un lado, del acceso desigual a los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que tiene la población. El acceso a la banda ancha es escaso porque los costos son altos y se registra un nivel muy desigual de acceso a la tecnología según diferencias socioeconómicas, de género y de edad: 41% de los/as usuarios/as de internet tienen un nivel socioeconómico alto; 58% son hombres y 42% mujeres, y 79% tienen menos de 40 años.^[1] Al mismo tiempo, existen diferencias de acceso notables entre las comunidades urbanas y las rurales, lo que provoca restricciones para las comunidades indígenas. Sin embargo, los principales factores de impacto negativo sobre la diversidad de fuentes y contenidos, así como sobre la participación y las libertades de los individuos, son el creciente control político, la monopolización de mercados en el área de los medios de comunicación y las TIC, y las presiones ejercidas por poderosos sindicatos de crimen organizado.

Uno de los problemas principales en México sigue siendo la necesidad de contar con políticas digitales claras e inclusivas. En tiempos recientes hubo esfuerzos por crear leyes relacionadas con el uso de las TIC. Algunas pueden generar oportunidades de crear procesos de participación. Pero parece que otras apuntan a un control más estricto de la población – con el argumento, por parte de las autoridades, de que hay una gran falta de seguridad en el país.^[2]

Hace poco, la Cámara de Representantes de México alcanzó dos acuerdos sobre la protección de datos personales. En diciembre de 2008, la Cámara aprobó la inclusión en la Constitución del derecho de todo/a habitante de México a la protección de sus datos personales y el derecho a acceder, corregir y borrar esos datos.^[3]Unos meses después, se lanzó un decreto que obliga al Congreso Nacional a aprobar una ley sobre la protección de los datos personales. La misma debería estar pronta en el primer trimestre de 2010.^[4]

En el proceso de desarrollo de esta legislación, se reflejan dos puntos de vista: primero, la perspectiva comercial que solo tiene en cuenta el rédito comercial de la recolección de información personal; segundo, la necesidad de limitar esta práctica para proteger los derechos humanos.

El Ministerio de Comunicación y Transporte realizó algunas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicación amparándose en la situación de la seguridad en la que se encuentra el país. El objetivo de los cambios fue crear un Registro Nacional de Usuarios/as de Telefonía Móvil.^[5] Las enmiendas obligan a todos los operadores licenciados a llevar un registro de usuarios/as de telefonía móvil en el que figuren nombre complete, domicilio particular, nacionalidad, número de teléfono y otros datos anotados en las tarjetas de identificación de los y las votantes. También se requieren comprobantes de domicilio y huellas dactilares, ya sea impresas con tinta o en formato digital. La enmienda también enumera las siguientes obligaciones para las empresas de telefonía celular: tener copias o archivos digitales de los documentos utilizados para registrar la información personal y proteger las bases de datos en las que se encuentra esa información; hacer un registro de la comunicación, como transmisión de voz, correo de voz, conferencias, datos, reenvío o transferencia de llamadas, y servicios de mensajería o de multimedios utilizados, incluyendo la fecha, hora y duración de la llamada y la localización geográfica de las líneas telefónicas. Los operadores de la red móvil tienen la obligación de suministrar datos a la Oficina del Tribunal Supremo de Justicia dentro de las 72 horas cuando se realiza alguna investigación, y también deben bloquear de inmediato los números de teléfonos móviles que se denuncian perdidos o robados. Como es de esperar, los ciudadanos y ciudadanas están preocupados y se niegan a participar en el proceso de registro. Pero esta negativa no puede durar demasiado: en cuanto las personas firman un contrato nuevo o compran un teléfono móvil, se ven obligadas a participar en el registro nacional.

Además, el Presidente Felipe Calderón anunció en julio de 2009^[6] la creación de un nuevo documento de identificación civil que incluya datos personales como la identidad biométrica de cada ciudadano/a de México y que entraría en vigor en 2010. Huellas digitales e información sobre la retina, el iris, la forma facial, las venas de las manos y la geometría de la palma son sólo algunas de las características que podría contener la identidad biométrica. La propuesta ha promovido el debate en la esfera política y algunos sectores de la sociedad se preguntan si realmente es necesario un nuevo sistema como el propuesto, si realmente hace falta incurrir en los altos gastos que implica y, sobre todo, si es adecuado establecer un control tan excesivo sobre la población.

Ahora que han pasado más de 60 años desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, uno esperaría que el Estado estuviese interesado en afinar los instrumentos que garantizan la libertad de expresión. Lamentablemente, la situación de México está lejos de tal utopía. La libertad de expresión es una demanda nacional. La obligación del Estado es establecer las condiciones para el pleno goce de ese derecho mediante la creación de políticas públicas que lo garanticen. Pero además de no garantizarlo, el Estado participa de una manera u otra en su limitación.

En una publicación reciente, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) clasificó los ataques a las radios comunitarias.^[7] Esta clasificación es útil para dar visibilidad a las cada vez más extendidas limitaciones que se imponen a la libertad de expresión:

Ataques asociados a omisiones por parte del Estado

• Llevados a cabo por individuos, mientras el Estado no cumple con su obligación de prevenir e investigar.
• Llevados a cabo en un contexto de conflicto social que no ha sido resuelto por el Estado y a veces, incluso, con la aquiescencia del Estado.

Ataques asociados a acciones estatales

• Cometidos directamente por agentes estatales.
• Ataques “institucionales” disfrazados de acciones legales.

No caben dudas de que en México la falta de regulaciones facilita la violencia contra periodistas. En un informe de 2009, Freedom House sostuvo que la libertad de prensa estaba sufriendo deterioros en México debido al aumento de la violencia y de las presiones ejercidas por las autoridades federales y locales contra periodistas.^[8] El informe agrega que el gobierno carece de voluntad política para crear las reformas legales necesarias para proteger a los y las periodistas. En el último encuentro entre las organizaciones de la sociedad civil, el Relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la conclusión fue que la libertad de expresión se ve afectada por el silencio y la inacción oficial.

El gobierno federal le atribuye 78% de los ataques hacia la prensa a individuos y organizaciones de delincuentes. Pero los grupos que defienden la libertad de expresión sostienen que las autoridades (en todos los niveles del gobierno) son responsables de al menos 49% de los ataques. Ya sea que los ataques se le atribuyan por omisión o por comisión al Estado, se sabe ahora que México ocupa el primer lugar del mundo – más que Iraq – en el número de ataques y asesinatos a periodistas.^[9] Y esto no incluye siquiera la agresión constante hacia las radios libres y comunitarias y otras iniciativas de comunicación alternativa.

Hay unas pocas iniciativas oficiales en México dedicadas a apoyar la creación de la sociedad de la información. Por ejemplo, hace años que existe una Oficina Coordinadora de la Sociedad de la Información dentro del Ministerio de Comunicación y Transporte, pero no se ha desarrollado.

En  2009 la Cámara de Representantes elaboró y aprobó un decreto para promulgar una legislación sobre el desarrollo de una sociedad de la información. La idea es crear una estrategia digital amplia, con el objetivo de promover el acceso y el uso de TIC, y desarrollar así una sociedad de la información donde generar, procesar y transmitir información se convierta en fuente fundamental de la productividad del país. Considera la creación de una comisión interministerial (es decir, solo de nivel gubernamental) para el desarrollo de la sociedad de la información, incluyendo su definición y las decisiones sobre sus atributos. El decreto también considera la posibilidad de crear una junta asesora (entendemos que esta tendría una naturaleza más plural) responsable de medir el impacto de la agenda digital nacional. Se necesita la aprobación del Senado de la Nación durante la próxima sesión legislativa para que se apruebe esta ley.

También está en marcha el proceso de aprobación de varias otras leyes que conformarían un marco para la sociedad de la información en México. Algunas servirían para limitar aún más las libertades que ya están en estado de sitio en el país y dejarían escasas posibilidades de crear entidades participatorias. Es necesario y fundamental establecer entidades independientes, especializadas y autónomas – que pueden estar a cargo de ciudadanos/as – que se dediquen especialmente a asistir en la definición de regulaciones y luego monitorear cómo funcionan las estructuras e iniciativas resultantes.

Los/as expertos/as sostienen que las redes sociales que funcionan en línea se han vuelto excelentes foros para las conexiones en red entre la ciudadanía y que esas redes han promovido el empoderamiento ciudadano. Por lo tanto, parece que la sociedad mexicana está restringida y no aprovecha estas poderosas herramientas. Según el estudio más reciente sobre los hábitos de los usuarios y usuarias de internet en México,^[10] las herramientas sociales en línea que usa la población incluyen sitios de comunidades virtuales y redes de pares.

Es vital para la sociedad mexicana recuperar su confianza y sus derechos. Además de la violencia general perpetrada por la delincuencia organizada, las violaciones a la libertad de expresión y los intentos de controlar los datos personales, se limitan también las libertades en internet. Luego de acusaciones de delincuencia hechas contra la prensa crítica y los ataques cotidianos recibidos por periodistas y medios, surgió la primera denuncia legal contra un periodista en línea.^[11] Durante la primera mitad de 2009, un candidato a alcalde del estado de Monterrey inició una acción judicial contra el periodista que dirige Reporte Índigo,^[12] una revista electrónica que tiene gran impacto en México. La revista publicó comentarios supuestamente realizados por el candidato sobre su relación con un grupo de narcotraficantes que opera en la región.

Actualmente, se debaten las propuestas de legislación para la protección de datos personales, el Registro Nacional de Usuarios/as de Telefonía Móvil y el documento de identificación civil, además de existir cierta presión en pos de una legislación sobre el desarrollo de una sociedad de la información. El modo en que se posicionan estos asuntos hace que los derechos humanos no se tomen demasiado en cuenta para la creación de la sociedad de la información. El trabajo del Congreso no considera el grave problema de la restricción de libertades y abuso de derechos. ¿Qué pasa con la pisoteada libertad de expresión, con el derecho a la privacidad? ¿Qué pasa con la diversidad vital requerida para los contenidos y la tecnología, con el foco puesto en el multilingüismo, con la defensa de la realidad multicultural mexicana? Parece que estos aspectos no se consideran parte de la sociedad de la información sobre la que se habla en el Congreso de México.

Claramente, la legislación sobre el desarrollo de una sociedad de la información debe incluir derechos de comunicación. Y la implementación de dicha legislación debe marcar un paso positivo hacia delante en el desarrollo de los derechos ciudadanos en la sociedad en general. La iniciativa legislativa debe volver a considerar algunos elementos que hasta ahora había despreciado, incluyendo la posibilidad de ampliar la participación de la sociedad en el proceso de elaboración de las leyes y la diversidad cultural del país. También hay que tener en cuenta las tecnologías libres. Si no se incluyen estos aspectos y, sobre todo, si no se establecen vínculos entre las TIC y los derechos humanos, la sociedad de la información que se cree será probablemente tan limitada y obsoleta como el México resultante de muchos otros decretos.

Alcántara, L. (2009) El despliegue militar en México trae violencia: AI, El Universal, 28 de mayo. www.eluniversal.com.mx/primera/33048.html

Alcántara, L. (2009) Débil protección del Estado a periodistas, El Universal, 20 de julio. www.el-universal.com.mx/sociedad/3638.html

AMARC (2009) Bases para una Política Publica en materia de Libertad de Expresión y Medios Comunitarios. amarcmexico.org

AMIPCI (Asociación Mexicana de Internet) (2009) Hábitos de los Usuarios de Internet en México. amipci.org.mx/estudios/

Campaña (Campaña Permanente de Protección a Periodistas en México) (2009) Primera denuncia contra el periodismo digital. www.libertad-expresion.org.mx/noticias/primera-denuncia-contra-el-perio…

Diario Oficial de la Federación (2009) Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 9 de febrero. www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5079751&fecha=09/02/2009

Diario Oficial de la Federación (2009) Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 30 de abril. www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5089047&fecha=30/04/2009

El Universal (2009) ¿Para qué servirá la Cédula de Identidad? El Universal, 28 de julio. www.el-universal.com.mx/notas/615448.html

La Jornada (2009) La libertad de prensa en México está cada vez peor, afirma Freedom House, La Jornada, 4 de mayo. www.jornada.unam.mx/2009/05/04/index.php?section=politica&article=018n2…

Norandi, M. (2009) Documentan 142 agresiones contra periodistas en 2009, La Jornada, 22 de julio. www.jornada.unam.mx/2009/07/22/index.php?section=politica&article=015n1…

Notimex (2008) Elevan a rango constitucional la protección de datos personales, Notimex, 4 de diciembre.