Argentina

Report Year:   
2013 - Women's rights, gender and ICTs
Organización: 
Nodo TAU

 

Convergencias entre TIC y trata de mujeres en Argentina

Introducción

Argentina es considerada país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, con fines de explotación sexual y explotación laboral. Los lugares de origen son las provincias empobrecidas como Misiones, Santa Fe, Chaco, Tucumán y Salta. Se considera que un destino es la región sur del país, debido a su industria turística bien desarrollada, las actividades de la industria del petróleo y gas y las zonas portuarias.[1]

Según estudios, 84% de la trata de personas en Argentina se realiza con el propósito de explotación sexual, en comparación con 14% para explotación laboral y 2% de casos en los que el propósito es desconocido.[2] La trata de personas para explotación sexual afecta casi exclusivamente a mujeres (91%),[3] y la mayoría de las víctimas tiene más de 18 años de edad. Hay una leve preponderancia de víctimas argentinas (51%) sobre las extranjeras, con una cantidad significativa de mujeres paraguayas (36%) y, en menor medida, mujeres provenientes de República Dominicana, Colombia y Brasil.

En la mayoría de los casos, la víctima/sobreviviente no conocía al raptor. El método preferido por los raptores es el engaño (un 42% de los casos, comparado con 5% de secuestros directos).

El índice de condenas por delitos relacionados con la trata de personas es bajo y por lo general quienes se dedican a la trata obtienen la complicidad de las fuerzas policiales y el poder político. Es difícil confeccionar estadísticas sobre el tema por el bajo porcentaje de casos que llega a los tribunales.[4]

Los traficantes utilizan tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para comunicarse entre sí y también para comunicarse con sus potenciales víctimas. Se utilizan TIC para publicitar mujeres y los traficantes pueden compartir información sobre el acceso a las víctimas por internet.[5] De todos modos, al mismo tiempo las TIC pueden usarse para prevenir la trata, remediar situaciones, asistir a sobrevivientes y ayudar a la recuperación de las mujeres. 

Antecedentes políticos

En 1957 Argentina ratificó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena (1949).[6] Más adelante, en el año 2000, el país suscribió el Protocolo internacional para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.[7] El protocolo define la trata incluyendo actividades como explotación sexual, trabajos forzados y extracción de órganos, y reconoce que el delito existe tanto entre países como dentro de las fronteras nacionales.

Susana Chiarotti del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, una organización de mujeres de Rosario, destaca dos aspectos de estos documentos: primero, que la convención fue un acuerdo abolicionista, y segundo, que en el Protocolo influyeron países que querían legalizar la prostitución (y categorizarla como trabajo) como paso anterior esencial para el cobro de impuestos sobre las ganancias de esta actividad. El Protocolo también introdujo la diferencia entre niños/as y adultos/as en relación a la trata y estableció el requisito de que la víctima pruebe que no hubo consentimiento para que una acción se considere trata. La discusión en torno al protocolo fue dura y en todo el mundo partió al feminismo en dos.

En abril de 2008, Argentina aprobó y promulgó la Ley 26.364 sobre "prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas”,[8] que seguía las definiciones del Protocolo. En cumplimiento de la ley, el gobierno creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata,[9] que recibe denuncias anónimas sobre el delito las 24 horas, todos los días, por teléfono, mensajes de texto o correo electrónico. El Artículo 23 de la ley también crea el Sistema Integrado de Denuncias sobre trata de personas. Mediante este sistema, el Ministerio Público Fiscal guarda registros de las llamadas telefónicas y mensajes de textos recibidos durante no menos de diez años, de manera que las autoridades cuenten con una base de datos que ayude en las investigaciones. 

La ley fue modificada[10] en diciembre de 2012, principalmente en relación a la extensión de las penalidades y la redefinición del consentimiento, respecto del cual dice que “no constituye causal de eximición de la responsabilidad (...) de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores [del delito].” La enmienda fue enviada al Congreso luego de que la Corte Suprema se pronunciara en el caso de Marita Verón,[11] que fue secuestrada en 2002 en Tucumán y continúa desaparecida. Luego de un juicio con cuantiosas pruebas contra los acusados, todos fueron sobreseídos, lo cual provocó indignación y reclamos de justicia. Hoy es un caso emblemático en la lucha contra la trata de mujeres. 

En julio de 2011, el gobierno sancionó el Decreto Presidencial 936, que prohibe la publicación de anuncios de oferta sexual, principalmente en los medios impresos (diarios, revistas, etc.). Para dar cumplimiento al decreto se creó la Oficina de Monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual.[12] Esta iniciativa fue adoptada como modelo por 193 países miembros de la ONU. 

Desde la promulgación de la Ley 26.364 en 2008 y hasta 2013, fueron rescatadas 4.602 víctimas en alrededor de 2.103 procedimientos anti-delictivos.[13] Según Chiarotti, aún falta la inclusión en el Código Penal de la Ley 12.331 – una antigua ley sobre proxenetismo: “El sistema que sostiene el proxenetismo es el mismo que facilita la trata de mujeres. Esto puede verse en las complicidades entre la policía, el sistema judicial, los actores políticos, etc. Se acepta una actividad como natural y la otra, la trata, se considera delito”.

La historia de Yazmin

“Conocí a un hombre por internet que me convenció de que me vaya a vivir con él porque su padre estaba muy enfermo y necesitaba mi apoyo,” dijo ella. Tan pronto como Yazmin se fue a vivir con el hombre, Sergio, su actitud hacia ella cambió. Comenzó a maltratarla verbalmente y la violó. Su madre también la sometió, forzándola a hacer toda clase de tareas en la casa. Yazmin también tuvo que cuidar al padre enfermo de Sergio. El secuestrador la amenazaba todo el tiempo con que si ella se iba, él le haría daño a su familia. La aisló, le quitó el acceso al teléfono y a internet y obligaba a Yazmin a decirle a su familia que todo estaba bien.  

Luego de que Sergio la violara varias veces sin usar condón, Yazmin se dio cuenta de que estaba embarazada. Sergio no cambió su comportamiento abusivo hacia ella. La forzaba a comer diciéndole que necesitaba un hijo sano para venderlo y que la dejaría embarazada de nuevo muy pronto. Finalmente, la llevó al hospital, por lo que su familia se enteró de la verdadera situación por la que atravesaba y fue a verla.

Yazmin denunció a Sergio, pero como la ley lo consideraba su esposo, el caso fue definido como violencia doméstica, por lo que ella no pudo acceder a los recursos para asistir a las víctimas en su situación. La justicia sólo le otorgó una orden de restricción. 

Yazmin todavía recibe amenazas de su anterior secuestrador, que ahora está involucrado en el caso de Patricia, una joven colombiana que secuestró hace unos pocos años.[14]

La historia de Patricia

Patricia, una joven colombiana de 23 años, tenía una pequeña hija y estaba sin trabajo.[15] Quería convertirse en actriz. Empezó a buscar trabajo a través de las redes sociales y pasó dos años chateando con Sergio, que le dijo a Patricia que trabajaba en uno de los periódicos principales de Argentina y que su hermano trabajaba en una importante productora de televisión de Buenos Aires y le daría trabajo. Patricia pidió datos personales para verificar la información en internet. Todo era verdad.

Cuando llegó a Argentina con su hija, Sergio le quitó su pasaporte y dinero, la golpeó y le dijo que desde ese momento ella era de su propiedad. Patricia fue violada y torturada. Haciéndole creer que estaba enamorada de él, logró enviar a su hija de regreso a Colombia. Vivió durante cinco meses reducida a servidumbre en la casa de su secuestrador y en la de su familia. También descubrió que el hombre se dedicaba a la trata de niñas y manejaba una red de burdeles. 

Luego de que Patricia lograra escapar, Sergio comenzó a publicar avisos en las calles solicitando ayuda para encontrar a su “esposa desaparecida”, para que ella no pudiera probar que había sido su esclava. 

Ahora unas ONG ayudan a Yazmin y a Patricia a buscar justicia.

Según la Red Nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (RATT),[16] estos no son casos aislados: “La mayoría de los casos permanecen desconocidos porque las mujeres rescatadas huyen o no quieren hacer una denuncia por temor a represalias.”

Estos casos también ponen de manifiesto el método de captura más usado: el engaño.[17] Hay diferentes formas de engaño. Una de ellas es a través de medios electrónicos, usados principalmente contra mujeres de clase media, quienes conocen a los traficantes mediante las redes sociales, correo electrónico, chat en línea o teléfonos celulares. Los traficantes van creando una relación de confianza en línea y convencen a las víctimas de dejar sus hogares, familias e incluso país. Este método es frecuentemente usado con adolescentes, que encuentran en estas relaciones la posibilidad de escapar de los problemas familiares.[18]

El otro método es el ofrecimiento de un falso empleo. Aprovechándose de las desigualdades sociales, económicas y de género, los traficantes ofrecen trabajos atractivos, por lo general en otras ciudades o países, y prometen salarios que exceden el promedio. La oferta puede estar publicada en un diario, internet o en espacios públicos, pero también puede ser compartida por una persona conocida de la víctima. 

En los dos casos relatados más arriba, las estrategias del perpetrador involucraron TIC, especialmente video chat. Existe, sin embargo, falta de información acerca de cómo los perpetradores seleccionan a sus víctimas. Las redes sociales, salas de chat y blogs pueden funcionar como importantes fuentes de información sobre las potenciales víctimas, y el anonimato y las identidades falsas facilitan la concreción del delito.[19] La falta de información, la poca conciencia y la ausencia de recursos dejan a las mujeres más expuestas a estos peligros. 

Según el cuadernillo El delito de trata de personas: su abordaje periodístico,[20] en los casos en que se pudo obtener información, el reclutamiento tuvo lugar mayormente en forma personal. “La proporción de casos en que se usaron otras formas, como chat, internet, mensajes de texto o teléfono, es insignificante.”[21]

Sin embargo, podrían existir muchos casos en los que el papel de las TIC no quedó debidamente registrado, por lo que resulta invisible para el monitoreo estadístico. El hecho de que la mayoría de las víctimas no conocía con anterioridad a sus raptores nos lleva a suponer que debió existir algún tipo de interacción previa al rapto, probablemente por medio de alguna clase de tecnología. Por otra parte, el porcentaje alarmantemente alto de casos en los que “no hay datos” sobre el método de reclutamiento (45%)[22] nos lleva a suponer que algún hueco en la recolección de datos oculta información crucial para el análisis.

Como hemos mencionado, lo que los datos sugieren es que entre las mujeres mayores de 18 años, las mujeres de clase media constituyen el objetivo principal del reclutamiento mediante TIC. Pero las chicas y chicos menores de 18 también representan un importante grupo objetivo para el reclutamiento usando TIC.[23] Al mismo tiempo, entre sobrevivientes a la trata hay muy pocos datos sobre niños y niñas menores de 18, aunque se sabe que muchos chicos y chicas desaparecen en manos de las redes de trata. 

El cuadernillo sugiere que deberían tomarse medidas para que niños/as y adolescentes tomen conciencia de las implicancias de compartir fotos y videos en los espacios en línea.[24] Pero un abordaje excesivamente proteccionista de los espacios en línea podría favorecer la violación de otros derechos, como la libertad de expresión y el acceso a la información, y dar lugar a la censura, que afectaría los derechos de comunicación e información de adolescentes y mujeres.

Conclusiones

Falta de acceso de las mujeres a la justicia: Los casos analizados sugieren que más allá de las herramientas legales que existen para asistir a las víctimas de ciertos delitos, hay grupos que todavía padecen serias dificultades para acceder a la justicia – y esto es particularmente cierto para mujeres en situación de vulnerabilidad. Los factores principales que las excluyen de la justicia es la carencia de recursos económicos y sociales. 

Rol de las TIC en la trata de mujeres y niñas: En los casos analizados, el papel más notable de las TIC se produce en las fases de engaño y reclutamiento. El secuestrador llegó a mantener relaciones virtuales bastante prolongadas con sus víctimas (con varias de ellas al mismo tiempo), y el video chat pudo ser una parte clave de esto, ya que la imagen y el sonido permiten un involucramiento más profundo y generan una mayor sensación de familiaridad y confianza que otras herramientas.

Toda ley tiene un vacío: Existe una significativa dificultad para identificar el modus operandi por el cual se secuestran jóvenes niñas y niños usando TIC. Las personas expertas sospechan que las redes de tráfico pueden haber adaptado sus procedimientos luego de la modificación de la Ley 26.364 en 2012, aprovechando el punto ciego en el registro de los casos.[25]

Falta de información y mecanismos especializados para mediciones: No hay indicadores especializados que nos permitan entender hasta dónde y en qué forma se usan TIC para reclutar víctimas. 

Seguridad de mujeres y niñas en línea: Las mujeres y las niñas que habitan los espacios en línea no siempre poseen las herramientas para navegar por estos espacios con seguridad, y pueden estar expuestas a muchas situaciones que pueden resultarles perjudiciales o violentas. Pero aunque esto implique vulnerabilidad, deben evitarse los abordajes proteccionistas extremos para no poner en riesgo la privacidad y los derechos de comunicación de las mujeres y niñas. 

Reunión de evidencias: Incrementar el nivel de conciencia entre mujeres y niñas acerca de la importancia de registrar las evidencias (y cómo hacerlo) les ayudará a garantizar la reparación y creará conciencia de estos mecanismos entre otras.

Pasos para la acción

●      Existe una gran necesidad de adquirir mayor conocimiento de las experiencias de las mujeres víctimas de la trata y de identificar con mayor profundidad el papel de las TIC en el proceso. Debería llevarse adelante una investigación especial sobre la función que cumple la tecnología en la fase que se extiende entre la identificación de la víctima y el rapto.

●      Hay necesidad de trabajar en capacitación de las mujeres en lo referido a la seguridad en línea y de recolectar evidencias respecto de la trata de mujeres como una forma extrema de violencia hacia las mujeres. Es particularmente importante entender cómo debe procederse cuando una mujer atraviesa una situación relacionada con la trata, en especial cuando involucra entornos en línea.

●      Según el informe 2012 de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros y Trata de Personas (UFASE), es necesario reforzar la difusión de la información y la capacitación de niños y niñas en colegios secundarios. Y agregamos: este debe hacerse en asociación con organizaciones de derechos de mujeres especializadas en trata de personas.[26]

●      Las activistas dedicadas a TIC y derechos de las mujeres deberían revisar de qué manera las leyes nacionales vigentes y los protocolos internacionales abordan la relación entre trata y tecnologías relacionadas con la violencia hacia las mujeres que el delito de trata incorpora, de manera que se puedan definir los huecos y proponer alternativas. 

●      Existe necesidad de monitorear el tratamiento del tema de la trata en los medios de comunicación masiva y denunciar (de manera creativa y comprometiendo a diferentes sectores) los productos culturales que promueven violencia hacia las mujeres.

●      Además de la regulación del gobierno de los avisos que ofrecen comercio sexual, deberían crearse mecanismos para advertir sobre sitios peligrosos en internet, dentro de un marco respetuoso del derecho a la libertad de expresión.




[6] www.catedradh.unesco.unam.mx/BibliotecaCEDAW/ menu_superior/Doc_basicos/1_instrumentos_universales/2%20Convenciones/18.pdf

 

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