Perú

Report Year:   
2011 - Internet rights and democratisation
Organización: 
Red Científica Peruana and CONDESAN
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Luchando por llevar a la justicia las violaciones a los derechos humanos


Introducción

Entre 1980 y 2000 Perú sufrió un conflicto armado interno [Este informe adopta la terminología de la Comisión de Verdad y Reconciliación] que resultó en más de 69.000 muertos y un gran número de víctimas indirectas (por ejemplo, personas desplazadas, viudas, huérfanos, etc.) De acuerdo con el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), el grupo rebelde Sendero Luminoso fue el principal responsable de las muertes, pero las acciones de las fuerzas estatales también derivaron en la muerte de personas inocentes.

 

El gobierno peruano utilizó las fuerzas armadas para tratar de sofocar la insurrección armada y el terrorismo que trajo acarreado. Sin embargo, esas acciones llevaron a cometer muchas violaciones de los derechos humanos. La CVR señaló que “el comportamiento de los miembros de las fuerzas armadas no solo involucró algunos excesos individuales de oficiales o soldados, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de las normas del Derecho Internacional Humanitario” [Convención de Ginebra de 1949].

 

La investigación y el enjuiciamiento posterior de los responsables comenzaron después de la caída del régimen de Alberto Fujimori. Activistas de derechos humanos, así como el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Martin Scheinin, señalaron que, si bien muchos de los juicios todavía están en curso [C. Rivera “El estado del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú” Justicia Viva(2010) ; ver también J. M. Burt “Los juicios invisibles” Noticias SER(2010) ], están en riesgo por el hecho de que los grupos políticos cercanos a los militares presionan para poner fin al proceso judicial.

 

Este informe se refiere al uso de las redes sociales por activistas de derechos humanos para evitar la aplicación de una ley – el Decreto Legislativo 1097 (DL 1097) – que perdonaría a los militares procesados por violaciones de los derechos humanos en Perú.

 

Las redes sociales se vienen utilizando desde hace algún tiempo como plataforma para el activismo y los medios de comunicación alternativos. Sin embargo, el número de profesionales e instituciones registrados en ellas fue bajo hasta fines de 2010, cuando la campaña electoral impulsó su uso. El caso del DL 1097 es especial porque representa una de las primeras veces en que los/as activistas de derechos humanos utilizaron las redes sociales para crear conciencia sobre una causa entre la población en general. El éxito de esta campaña se volvió un incentivo para que los grupos de la sociedad civil y los/as activistas de derechos humanos empleen las nuevas tecnologías en sus campañas.

 

Políticas y antecedentes políticos


El 2 de julio de 2010, durante el segundo mandato del presidente Alan García (quien fuera implicado en violaciones a los derechos humanos durante su primer mandato entre 1985 y 1990), el Congreso peruano le concedió poderes para cambiar las leyes relativas a los individuos procesados por violaciones a los derechos humanos. Le dieron 60 días para promulgar los cambios.

 

El 1 de septiembre, un día antes de la fecha límite, el Congreso aprobó un paquete de decretos presentados por el gobierno, entre los que se encontraba el DL 1097. Este decreto establece que los juicios en curso del personal militar y policial acusado de violaciones a los derechos humanos debe terminar si exceden los plazos estipulados para el enjuiciamiento de delitos ordinarios. Esta medida va en contra de los tratados internacionales suscritos por el gobierno peruano, que estipulan que los crímenes de lesa humanidad no tienen un límite de tiempo para su procesamiento.

 

Cuando se aprobaron los decretos, Perú estaba inmerso en las campañas electorales de los gobiernos locales. Todas las portadas de los principales periódicos estaban llenas de noticias referentes a las elecciones, y el decreto fue apenas mencionado.

 

Las redes sociales para la incidencia por los derechos humanos: una cronología de la corta vida del DL 1097


El día después de la aprobación del DL 1097, una ONG denominada Coordinadora Nacional de Derechos Humanos organizó una conferencia de prensa para criticar públicamente el decreto. Al comprobar que la cuestión no estaba recibiendo suficiente atención del público, un grupo de activistas también decidió lanzarse a la acción y comenzó una campaña en Facebook. Este grupo estaba integrado por Javier Torres, presidente de la asociación SER [Servicios Educativos Rurales], Félix Reátegui, experto en temas de justicia transicional y Eduardo González, director del programa Verdad y Memoria del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

 

La respuesta fue inmediata. Cerca de 300 intelectuales, artistas y políticos, entre otros, firmaron una petición lanzada por los activistas y publicada en sus muros. Otras 230 personas se inscribieron en la página personal de Facebook de Javier Torres.

 

Dada la gran respuesta a la iniciativa, era urgente crear una página dedicada por completo a la campaña. Dánae Rivadeneyra, una bloguera local bien conocida y reportera de la plataforma bloguera de noticias Lamula.pe, se reunió con Torres para proponerle abrir una página de Facebook dedicada a la campaña. La intención era continuar con el proceso de recolección de firmas y canalizar las noticias y comentarios relativos al tema. El 4 de septiembre se creó la página llamada No al Decreto Legislativo 1097. Durante 15 días de activismo, que terminó con el retiro del decreto, la página atrajo a más de 4.000 seguidores/as.

 

Los medios de comunicación tradicionales también comenzaron a ofrecer una mayor cobertura sobre la cuestión. No hubo titulares suficientes, pero había un cierto interés general cada vez mayor en diarios, radio y televisión a medida que el tema cobraba importancia en Facebook y en blogs.

 

El 9 de septiembre, como parte de la estrategia para anular el decreto, los activistas utilizaron la página de Facebook para llamar a una sentada frente al Palacio de Justicia para el día siguiente. La participación no fue tan importante como se esperaba: unas 300 personas se inscribieron para asistir al evento, pero solo alrededor de 100 se presentaron.

 

Sin embargo, según Torres, el uso de las redes sociales ya había logrado llamar la atención de los medios de comunicación y la colaboración de más personalidades. Gracias a su apoyo, el 12 de septiembre los organizadores de la campaña en Facebook publicaron en un periódico nacional una declaración oponiéndose a DL 1097, que incluía las firmas de los/as adherentes.

 

Mientras tanto, Rafael Rey, ministro de Defensa e, irónicamente, uno de los promotores del decreto, apareció en programas de radio y televisión declarando que el gobierno no buscaba la inmunidad de los violadores de los derechos humanos y que estaba “contento de haber podido hacer sentido [de la situación] y concretar la voluntad del gobierno peruano”.

 

Sin embargo, el partido gobernante empezó a tener un conflicto interno en el Congreso. El 10 de septiembre Luis Gonzáles Posada, congresista del partido gobernante, declaró en uno de los programas radiales de noticias más importantes que “hay una grave incompatibilidad y es una posición que tendrá que explicar el ministro Rey. Yo he escuchado ayer al primer ministro [Javier Velásquez] decir que el gobierno tampoco fue consultado.

 

El 13 de septiembre Mario Vargas Llosa, director del proyecto Museo de la Memoria (que conmemora a las víctimas del conflicto), públicamente renunció a su cargo, declarando que la razón de su renuncia era “el reciente Decreto Legislativo 1097 que (...) constituye una amnistía apenas disfrazada para beneficiar a un buen número de personas vinculadas a la dictadura y condenadas (...) por crímenes contra los derechos humanos”. Y termina la carta exigiendo la abolición de ese “innoble decreto”.

 

El mismo día el presidente Alan García envió una solicitud urgente al Congreso para anular el decreto. El 14 de septiembre, sólo 13 días después de haber sido aprobado, el DL 1097 fue derogado con 90 votos a favor y uno en contra.

 

Después de eso los activistas continuaron su campaña, tratando de que otros decretos contrarios a los derechos civiles fueran anulados [Como el DL 1095 que autoriza la intervención militar y el uso de la fuerza para controlar manifestaciones sociales]. Pero no lograron mantener la atención del público y la campaña de Facebook fue un fracaso. Esos decretos siguen vigentes hoy en día.


No fue una revolución


Esta no fue una revolución. No cayó ningún régimen. Lo que sucedió en la primera mitad de septiembre de 2010 fue que algunos activistas de la sociedad civil intentaron utilizar las redes sociales como un canal de medios alternativo para las campañas. El objetivo de la campaña fue generar conciencia sobre un tema que, de lo contrario, habría pasado desapercibido.

 

Como podemos ver, el papel que jugaron las redes sociales en la campaña no fue uniforme. Según Torres, los medios sociales impulsaron el impacto de la campaña, que de otro modo sólo habría involucrado a un pequeño grupo de activistas. Para él, Facebook fue una herramienta para aumentar la conciencia pública. Sin embargo, Reátegui dijo que “el impacto directo de las redes sociales en la anulación del decreto fue insignificante”. Él cree que solo se hicieron eco de los problemas surgidos en los espacios de otros medios de comunicación.

 

Es importante decir que el uso de las redes sociales tiene un alcance limitado en Perú. Solo 34,8% de la población tiene acceso a internet: 50,4% en la capital del país, 38,4% en zonas urbanas y 9,9% en zonas rurales. La mayoría de los/as usuarios/as son jóvenes y con altos niveles de educación (82,1% de las personas con estudios universitarios, técnicos o graduadas universitarias son usuarias de internet, mientras que apenas 2% de la población con solo educación primaria accede a internet). En las zonas urbanas, solo 35% de los/as usuarios/as de internet están en Facebook [Pontificia Universidad Católica del Perú Encuesta de Opinión, Junio 2010 (2010)].

 

Como ha señalado Castells “No todas las personas en el mundo participan en las redes (...). Pero todas se ven afectadas por los procesos que tienen lugar en las redes globales” [M. Castells Comunicación y Poder (Madrid: Alianza Editorial S.A., 2009), 51]. Aunque el autor se refiere a la “sociedad de redes” mundial, el principio es aplicable al caso que nos ocupa. La exclusión de las redes digitales es producto de las estructuras sociales de la sociedad. Los/as usuarios/as de internet y las redes sociales en Perú representan un sector privilegiado de la sociedad, que tiene una mayor capacidad de presión política.

 

La razón por la cual los medios de comunicación se consideran un “cuarto poder” es porque tienen la capacidad de ejercer presión sobre el gobierno mediante la generación de opinión pública. Tradicionalmente, la opinión pública se medía a través de encuestas o por la evidencia de las movilizaciones. Los sentimientos expresados en las conversaciones diarias no se pueden medir porque son efímeros. Esto ya no sucede. Las redes sociales ofrecen una evidencia tangible de cómo la población está procesando determinada información. En el caso peruano, si bien no tuvieron un gran poder de movilización en términos de cifras, el papel político de las redes sociales fue capturar una sensación de descontento público que resultó ser muy potente. Dieron a entender al gobierno cómo se sentía la gente, sin necesidad de manifestaciones callejeras.


Conclusiones 

Facebook jugó dos roles durante la campaña contra el DL 1097. El primero fue como un medio alternativo de difusión de información debido a que los medios tradicionales estaban concentrados en las noticias electorales. Esto creó conciencia entre la población en general. En segundo lugar, fue utilizado como una herramienta para la expresión de la opinión pública.

 

Aunque la forma solapada en que DL 1097 fue aprobado ayudó a provocar una fuerte reacción pública, el uso de Facebook permitió a los/as activistas dar una respuesta rápida a la situación.

 

Sin embargo, el compromiso con la causa no logró trascender las redes sociales. Como se mencionó antes, el intento de traducir el apoyo de Facebook en una manifestación pública – la sentada frente al Palacio de Justicia – no tuvo éxito. Puede que esto se haya debido a que el tema ya había sido levantado por los medios de comunicación o que varias personalidades políticas ya se habían manifestado en contra del decreto. Es decir, había una sensación de que el asunto ya lo habían adoptado otros actores con más influencia sobre el gobierno que los/as usuarios/as de Facebook. El consenso generado en torno a la necesidad de anular el DL 1097 (a excepción de la posición de su principal defensor, el ministro de defensa Rafael Rey) disminuyó la necesidad de comprometerse más allá de las redes sociales.

 

Por último, el compromiso con los derechos humanos fue intenso – a pesar de que la intensidad estuvo limitada a las redes sociales. Sin embargo, no duró mucho y se centró en un tema en particular. Esto se ve en el fracaso de la campaña en contra de otro decreto, el DL 1095 (que pretende autorizar una intervención militar en contra de las manifestaciones sociales).

 

Nos gustaría terminar este informe con un extracto de nuestra entrevista con Félix Reátegui:

 

La conclusión, para mí, es que estas redes sociales, por lo menos entre nosotros [los peruanos], tienen por ahora un carácter más reactivo que preventivo y, en cualquier caso, todavía no tienen la capacidad de “traducirse” en manifestaciones populares. En otros lugares del mundo donde las redes sociales tuvieron un efecto impactante [...] lo que ha sucedido es que la red es un poco más que una “plataforma de coordinación” para la acción colectiva... Un gobierno no le tiene miedo a la red por sí misma, sino a las personas que salen a las calles, que han coordinado las acciones a través de la red.


Medidas de acción


  • En el contexto peruano, donde la movilización social es muy poco común entre las clases media y alta, las redes sociales son una buena manera de expresar opiniones y generar presión sobre los gobiernos. Sin embargo, tienen que usarse con moderación para hacer campaña. La gente parece perder interés muy rápidamente.

 

  • Los movimientos de derechos humanos deben centrarse en un caso particular con el fin de generar apoyo utilizando las redes sociales. Una campaña larga debe pensarse en términos de una serie de causas distanciadas en el tiempo.

 

  • Es, por supuesto, muy importante involucrar a las redes sociales, de modo que los/as usuarios/as puedan compartir temas con sus contactos.

 

  • Finalmente, es importante involucrar a los medios de comunicación tradicionales en las campañas de los medios sociales, utilizando comunicados de prensa y organizando conferencias de prensa.

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