Chile

Luego de un período de fuerte censura bajo la dictadura militar, recién en la última década el acceso a la información como derecho (en sus diferentes formas) se ha convertido en un tema de preocupación para el gobierno de Chile y la sociedad en general. Los actuales temas de debate son el acceso a la información pública y las consecuencias de los derechos de propiedad intelectual.

Hace poco entró en vigor nueva legislación sobre el acceso a la información pública, generando desafíos en su implementación para el gobierno, la ciudadanía, los medios, la sociedad civil y los diferentes actores en este terreno. Dada la alta concentración y monopolización de los medios tradicionales, internet y otras nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) han provocado un importante corte con el pasado, abriendo nuevas posibilidades de amplificar la diversidad y el pluralismo de voces. Hace dos años se inició un fuerte debate sobre los derechos de propiedad intelectual y la protección de datos en las plataformas de los nuevos medios, lo que plantea la necesidad de actualizar la vieja legislación relevante para estos temas. Como en otros países, las posiciones se dividen entre quienes proponen reforzar los derechos de autor y quienes defienden el “uso justo” y el “dominio público”.

Chile carece de políticas públicas de acceso a la información. Entre 1973 y 1990, el país fue gobernado por una dictadura militar que restringió gravemente los derechos humanos, incluso los derechos de comunicación y acceso a la información. Cuando se adoptó la Constitución de 1980, se pusieron de relieve las libertades económicas y el libre mercado, en lugar de los derechos sociales, económicos y culturales. La transparencia pública y el acceso a la información no se mencionaban en la nueva constitución.

Se han registrado algunos éxitos en el tratamiento de la censura. Pero ha habido menos éxitos en cuanto a la privacidad de los datos y la propiedad intelectual, así como en la labor permanente por la transparencia pública, en línea y en la realidad no virtual.

Desde 1999, Chile cuenta con una ley de protección de datos que regula el procesamiento de información personal por parte de los sectores público y privado. Sin embargo, la Unión Europea calificó a Chile como país no seguro, porque la ley de protección de datos no contiene restricciones para el flujo de datos personales hacia otros países y no existe una autoridad de protección de datos. Este año (2009), el gobierno introdujo un proyecto de ley sobre protección de datos que respeta las normas establecidas por la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La Ley sobre derechos de autor, adoptada a principios de la década de 1970, no garantiza el acceso ni el uso de los documentos públicos porque el derecho es propiedad del servicio público respectivo. No hay una excepción de derechos de autor adecuada que autorice el acceso a los ciudadanos y ciudadanas, ni siquiera sin fines de lucro. Tampoco existe una ley que garantice el acceso y el uso de trabajos protegidos por derechos de autor con fines educativos, incluyendo el aprendizaje-e. En mayo de 2007, el gobierno introdujo un proyecto de ley que modifica la ley actual estableciendo normas sobre la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet (PSI) por infringir los derechos de autor, nuevas excepciones y limitaciones a los derechos de autor, y normas sobre piratería y procedimientos judiciales.

En agosto de 2006, el gobierno estableció las normas que deben seguir los sitios web de la administración pública. Estas normas reqieren que los sitios aseguren la disponibilidad y accesibilidad de la información y una protección adecuada de los datos personales. En enero de 2008, el gobierno adoptó la Estrategia de Desarrollo Digital,^[1] un plan de trabajo para construir la sociedad de la información en Chile entre 2007 y 2012. La estrategia incluye la idea de adoptar un paquete nuevo de leyes sobre protección de datos, delitos informáticos y propiedad intelectual, entre otras. Como parte de esta estrategia, el gobierno promueve servicios de gobierno local en línea, además de un registro electrónico de servicios y proveedores de servicios (como escribanos/as y un registro de propiedades inmuebles).

En agosto de 2008 se aprobó una nueva ley sobre el acceso a la información pública. La misma entró en vigor a partir de abril de 2009. Esta ley fortalece significativamente el control y la responsabilidad de la ciudadanía y reconoce la mayoría de los principios establecidos en las recomendaciones de la OCDE sobre la materia.^[2] Además, la nueva ley crea el Consejo de Transparencia,^[3] una entidad pública independiente que supervisa el cumplimiento de la ley. Esto incluye el castigo por infracción, la solución de disputas y la formulación de recomendaciones sobre el asunto al Presidente y al Congreso.

Hoy, la crítica principal que se le hace a la industria mediática chilena (y al rol del gobierno en el sector) es la concentración de la propiedad en pocas manos. Esto ha sido pernicioso para el debate público y ha influido negativamente en el acceso a los contenidos y la información. En diciembre de 1999, la ley que se conoce como de Transparencia garantizó el derecho de acceso a la información del Estado, con algunas excepciones. Pero recién en agosto de 2005 se publicó una modificación constitucional que garantiza el acceso a la información estatal.

Están surgiendo muchas preguntas en relación a las fortalezas y debilidades de la nueva legislación sobre acceso a la información. Existen algunas zonas grises, sobre todo en cuanto al modo en que se pone a disposición la información, el proceso de solicitud de información y cómo se suministra.

Organizaciones de la sociedad civil como Proacceso,^[4] CIPER Chile,^[5] el Programa de libertad de expresión de la Universidad de Chile^[6] y la coalición de ONG llamada ACCION^[7] se han dedicado a monitorear y evaluar los mecanismos de acceso a la información, además de educar a líderes de la sociedad civil (sobre todo en el nivel local) y a periodistas sobre cómo usar el nuevo marco legal. 
 
El Consejo de transparencia también supervisa el modo en que los servicios públicos, los ministerios y las secretarías estatales ponen a disposición la información mediante sitios web. Además, está trabajando en el desarrollo de una plataforma electrónica que facilite el acceso a internet, más allá del sistema operativo que se use. Sin embargo, sigue siendo necesario modificar la ley sobre derechos de propiedad intelectual para garantizar la reutilización adecuada de los documentos estatales.

El actual debate sobre la legislación relativa a la propiedad intelectual incluyó discusiones sobre qué proteger, piratería y distribución ilegal, cómo proteger a quienes detentan derechos de autor y cómo garantizar el acceso público y el uso justo de internet. En varias universidades o colegios públicos, es común tener acceso a fotocopias de libros, ya que muchos/as estudiantes no pueden comprárselos porque el impuesto al valor agregado (IVA) está incluido en el precio final, lo que los vuelve muy caros. Otro ejemplo práctico es el de las bibliotecas públicas para personas ciegas, donde es común el acceso a audiolibros que, en la mayoría de los casos, no tienen autorización legal para usar el material original. En estos casos, acceder gratuitamente a los libros electrónicos o audiolibros por medio de las bibliotecas electrónicas en línea sería una mejora de la situación.

Aquí, las posiciones estuvieron divididas. Por un lado, está el sector privado y las organizaciones de copyright vinculadas a este sector que funcionan en la industria de la música y el entretenimiento, que quieren asegurar la protección de sus obras y el cumplimiento del marco legal y regulatorio existente, que castiga la descarga ilegal o la distribución ilegal de contenidos digitales protegidos por derechos de autor.^[8] Por otro, están los movimientos ciudadanos que reclaman su derecho de acceso a las producciones culturales y a la información, en base al concepto de “uso justo” o “dominio público” y rechazan la idea de que las personas cometen un delito al descargar, compartir o copiar contenidos de los sitios web o las redes de pares.^[9]

En julio de 2009, el Senado de Chile propuso introducir “usos justos” con fines educativos, académicos y de investigación, pero el texto propuesto aún no ha sido aprobado.

En los próximos años, el gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en la implementación de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea y adoptar políticas públicas según los requerimientos de la OCDE  para volverse miembro. Esta situación implicará conocimiento de los debates y las tendencias globales.

El número de iniciativas de acceso abierto y cultura abierta creció en forma impresionante, en su mayoría relacionadas con universidades (por ejemplo, acceso a las tesis, sitios web y periódicos), pero también con blogs de los medios. Varios nuevoss sellos han creado nuevas plataformas de distribución por internet para grupos y  bandas musicales independientes. La mayoría de estas iniciativas usan licencias Creative Commons, que se consiguen en Chile desde 2005. Varios sitios web de servicios públicos también adoptaron las licencias Creative Commons, como la Biblioteca del Congreso Nacional y el sitio web del Programa de modernización estatal.

Debido a estas situaciones, el país tiene la oportunidad ahora de mejorar y desarrollar un marco legal de alta calidad en el área del acceso a la información en línea y los derechos de propiedad intelectual. La voluntad política y un mayor conocimiento del área, junto con la presencia de una sociedad civil preparada para llevar a cabo acciones son ingredientes claves para aprovechar esta oportunidad.

Aunque se ha hablado y se han implementado importantes mejoras en las leyes nacionales relativas al acceso a la información pública, subsisten dos grandes desafíos: mejorar la supervisión del cumplimiento de la legislación actual y la conciencia ciudadana del derecho al acceso a la información y su valor como bien público (y no solo como producto básico que se puede adquirir). Es necesario desarrollar la educación para fortalecer el activismo público por parte de la sociedad civil y grupos de ciudadanos y ciudadanas, además de realizar una fuerte campaña nacional de información con el fin de descentralizar el debate actual.

Uno de los problemas claves del sistema legal chileno es la falta de autoridades públicas que supervisen el cumplimiento adecuado de la legislación, especialmente las leyes relativas a los derechos civiles y las libertades públicas. Pongamos por ejemplo el de un decreto sobre los sitios web de los servicios públicos. En este caso, las personas afectadas pueden presentar una demanda, pero el procedimiento es muy caro. El Consejo de Transparencia es reciente y su capacidad es limitada. También se necesita un organismo que supervise la ley de protección de datos, además de los derechos ciudadanos cuando se trata del acceso a los datos personales.