España

España es un país altamente desarrollado, situado en el lugar 16 del Índice de desarrollo humano de 2008,^[1] con más de 46 millones de habitantes. El nivel de acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC) es alto. Por ejemplo, 63,6 % de los hogares tienen al menos un computador y 51% de la población es usuaria de internet.^[2] El sector educativo está especialmente bien conectado: todas las universidades tienen acceso inalámbrico a internet en sus campus y 99,3 % de las escuelas tienen equipos de TIC y acceso a internet.

El crecimiento del sector de TIC se aceleró en los últimos años, sobre todo en el período 2004-2007. Al igual que otros países con un desarrollo similar, hay más líneas móviles que habitantes; se considera que 1,1 millón de personas son “usuarios/as intensivos/as” de banda ancha móvil. También hay un nivel muy alto de acceso a la información y los contenidos de internet – aunque el acceso a lenguas que no son el castellano es bajo.

Hace poco, España sufrió los efectos de la crisis económica global, agravada por una fuerte dependencia de la construcción y otras industrias tradicionales. Esta situación cambió el foco de la atención política hacia la sociedad del conocimiento – internet y la industria digital – como áreas de empleo y oportunidades para el desarrollo en el futuro.

Pero este potencial se ve recortado por la industria del entretenimiento, que sigue tratando de introducir restricciones con el fin de preservar los modelos tradicionales de difusión, en lugar de crear nuevos modelos comerciales. La falta de comprensión también está creando una “brecha de contenidos” entre los medios digitales tradicionales (CD, DVD, etc) y los medios en línea. La población gasta menos tiempo en mirar televisión y más tiempo en línea, en el computador, o en el teléfono móvil. Las conexiones más veloces de internet – de 20 a 100 megabytes por segundo (Mbps) – permiten que haya cada vez más personas interactuando e intercambiando archivos de texto, audio y video con sus redes sociales, y mirando contenidos digitales en internet.

La política clave relativa al acceso a la información en línea a cargo de la administración pública implica un plan para el desarrollo de una sociedad de la información y la convergencia con otros países de Europa, conocido como Plan Avanza (2006-2012).^[3]

El uso intensivo y popular de las TIC se considera una forma de contribuir a la recuperación de la economía española y como fuente de empleo, sobre todo en relación a la pequeña y mediana empresa. La política y el plan se centran en cinco áreas claves: apoyo a la industria en el desarrollo de nuevos contenidos, servicios y aplicaciones; capacitación en el área de TIC; servicios públicos en línea; infraestructura (incluyendo una gran porción dedicada a la transición hacia la televisión digital); y confianza y seguridad.

Los gobiernos locales de las regiones autónomas tienen políticas adicionales y también tienen sus propios organismos de protección de datos. Esto incluye políticas para la provisión de TIC, contenidos educativos digitales y software educativo para las escuelas.

La Constitución de España (1978 señala las responsabilidades legislativas en relación a las TIC en el Artículo 18.4: “La ley limitará el uso de la informática  para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”

Las leyes nacionales que regulan la información y comunicación en línea implementan en nivel nacional las directivas de la Comisión Europea. Las principales son:

• La Ley orgánica de protección de datos^[4] (LOPD, 1999), que regula los procedimientos usados para el manejo de bases de datos con información personal, y la privacidad en general. Cumple con la Directiva europea 95/46 CE.
• La Ley de comercio electrónico^[5] (LSSI, 2002), que implementa la Directiva 2000/31/CE y parcialmente la Directiva 98/27/CE; y la Ley 56/2007^[6] sobre la promoción de la sociedad de la información. Estas leyes tratan sobre la comunicación electrónica en general y regulan el suministro de servicios electrónicos, incluyendo las obligaciones en cuanto a la apropiación de datos de clientes. Entre otras cosas, definen servicio universal, tipos de información pública que se debe publicar, obligaciones del gobierno-e, obligaciones de los proveedores de servicios en relación al apoyo a clientes y clientas, y también requisitos de los sitios web, como la accesibilidad.
• La Ley de administración-e^[7] (LAECSP, 2007), que reconoce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la interacción en línea con la administración pública y obliga al gobierno a garantizar ese derecho.

En numerosos sectores sociales ha crecido la percepción de que la revolución de internet al principio fue positiva, pero que ahora que los ciudadanos y ciudadanas la utilizan de maneras no planeadas para el acceso, producción y difusión de datos digitales, el mundo en línea se está convirtiendo en un territorio salvaje que requiere límites drásticos para proteger a todos y todas.  

En muchos casos, la vigilancia y la censura se consideran una receta para proteger a las personas, especialmente a niños, niñas y jóvenes, de acciones antiéticas y contenidos peligrosos. Esto se promueve como “avances tecnológicos” que permiten monitorear y filtrar con mucho detalle (“inspección profunda de paquetes”), a un costo financiero altísimo y con la consecuente falta de privacidad.

En el mundo de la comunicación móvil, las cuentas anónimas de telefonía móvil (tarjetas prepagas con propietarios no registrados) se eliminarán antes del final del año. La justificación utilizada para la adopción de esta medida es la guerra contra el terrorismo, pero como consecuencia crece el mercado de celulares robados o de teléfonos móviles adquiridos con documentos de identidad fraudulentos.

En escuelas y hogares se utilizan mecanismos de filtrado para proteger a los niños y niñas de contenidos indeseables. Según las últimas encuestas, 19,2 % de los hogares usan herramientas de filtrado y en 21,2 % de los mismos, padre y/o madre supervisa los contenidos a los que acceden los hijos e hijas.^[8]

El debate sobre protección del derecho de propiedad en línea, el control de la distribución de contenidos digitales y el pago a los autores y autoras por los contenidos digitales siguen siendo cuestiones abiertas – y la brecha entre los sectores interesados crece cada vez más. A pesar de que una campaña realizada contra un impuesto privado sobre las copias (canon digital) reunió más de un millón de firmas, no se eliminó el gravamen. Las organizaciones privadas que recolectan el dinero de dicho impuesto alegan que es necesaria una compensación por realizar copias personales de un producto, al igual que en la “guerra” contra la piratería de contenidos digitales protegidos con derechos de autor.

El debate estuvo centrado, hasta ahora, en ayudar a los creadores y creadoras de contenidos y en que la industria de la distribución encuentre modelos económicos viables, sin atender específicamente a la definición y protección de los derechos digitales de los ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, el discurso está bastante desactualizado y se basa en ideas tales como crear subsidios y promover mecanismos restrictivos para controlar la distribución de forma tradicional, en lugar de explorar nuevos modelos de distribución que aprovechen las características de internet. Por ejemplo, el gobierno presionó a los proveedores de servicios de internet (PSI) y a las asociaciones de autores a alcanzar un acuerdo sobre reglas para impedir la distribución de contenidos protegidos por derechos de autor en internet sin participación de las asociaciones de usuarios/as de internet u otros grupos sociales. No se alcanzaron acuerdos, especialmente después de haberse declarado inválido el modelo de “los tres golpes” de Francia.^[9] Curiosamente, la industria del entretenimiento no está interesada en la opción de crear una oferta razonablemente amplia de contenidos digitales legítimos y pagos.

Por el contrario, un número cada vez mayor de artistas jóvenes está explorando modelos alternativos de contenido abierto y cultura abierta. Pero esto se lleva a cabo casi sin apoyo de los gobiernos y sus esfuerzos son más bien desconocidos por la mayoría de la población.

Las oportunidades que ofrece internet y las aplicaciones que habilitan a contribuir (por ejemplo, las wikis) y a distribuir (por ejemplo, BitTorrent) en forma colaborativa no se explotan plenamente a favor de la sociedad. Las bibliotecas públicas, por ejemplo, apenas tienen una fracción de los contenidos digitalizados en comparación con el enorme potencial de sus archivos.

La digitalización de contenidos con fines educativos está recién en su etapa inicial. Además, hay grandes diferencias entre las escuelas de diversas regiones autónomas de España.

Las empresas editoriales tradicionales quieren mantenerse en su mercado tradicional en papel y las nuevas iniciativas de producir materiales educativos abiertos no tienen el apoyo suficiente como para llegar a una masa crítica.

Las redes sociales (como Facebook o MySpace) y las aplicaciones Web 2.0 (como YouTube, Flickr y Twitter) atraen a mucha gente, sobre todo jóvenes. Estas aplicaciones crean oportunidades de intercambio de información personal como fotos, audio y video clips. El lado positivo es que las personas tienen gran facilidad para crear grupos de intereses comunes, pueden publicar contenidos hechos por ellos/as y los pueden compartir a través de sus redes sociales. El lado negativo es la falta de control sobre la información personal que se carga, la exposición y, en muchos casos, reutilización inesperada de dicha información de maneras no deseadas, y la exposición a ataques personales como la cibermafia, el fraude de internet y otros tipos de acoso.

Los grupos de presión de la industria del entretenimiento local y multinacional tradicional presionan cada vez más a los gobiernos y a los grandes proveedores de servicios de internet para que protejan sus intereses comerciales. Su argumento es que se debe ejercer una vigilancia sistemática en las comunicaciones de internet (inspección profunda de paquetes) y limitar el acceso a internet a través de una entidad administrativa, sin intervención judicial, evitando así el sistema legal. Estas medidas apuntan a controlar el intercambio de música y videos protegidos por derechos de autor utilizando aplicaciones entre pares (como eMule o BitTorrent). Pero estas acciones, además de profundizar la brecha entre productores/as y consumidores/as, llevarán también a la construcción de una sociedad al estilo de Orwell, donde los poderosos imponen límites a los individuos mediante un sistema de control generalizado y otras medidas invasivas que afectan la privacidad. La falta de valores compartidos o de acuerdos comerciales entre las partes lleva al crecimiento de un nuevo tipo de brecha digital.

El sector educativo está acelerando la adopción de contenidos digitales. Pero existe una batalla entre el sector comercial y la comunidad educativa. Esta se traduce en un debate sobre los pros y contras del software abierto y el comercial, los contenidos abiertos y cerrados (libros de texto, materiales de referencia, etc), y si los contenidos se producen en forma colectiva (abierta) o si los produce una lista cerrada de autores/as elegidos/as por las compañías editoras (cerrada). Distintas escuelas y comunidades autónomas de España han tomado direcciones diferentes.

Es necesario establecer una coordinación. Hay varias organizaciones pequeñas en España que trabajan sobre diversos aspectos de las TIC, sobre todo en temas de internet, derechos humanos y participación democrática. Se necesitan consensos en cuanto a un plan común de acción para tener una voz más fuerte. Este plan debe implicar no solo activismo en línea, sino que debe incluir también los foros sociales y políticos tradicionales, así como las actividades de protesta (manifestaciones y trabajo con las asociaciones de defensa de los derechos de consumidores y consumidoras, además de los foros relevantes en los partidos políticos, el Parlamento y los gobiernos locales y centrales). Esto debería servir para concientizar e iniciar diálogos directos entre organizaciones de ciudadanos/as y representantes públicos.

Los temas a debatir son el lanzamiento de una campaña de información sobre el acceso a la cultura y la producción de la misma (especialmente para los trabajos que cuentan con subsidio público); el derecho a la expresión cultural; la criminalización del intercambio de archivos; la mezcla y redistribución de trabajos no profesionales; el rol de las bibliotecas públicas en el acceso a la cultura; y modelos justos, responsables y transparentes de pago para los autores y autoras de contenidos culturales que vayan más allá de los modelos tradicionales que ofrece la industria cultural y del entretenimiento.

El resultado del diálogo debe orientarse hacia la creación de nuevas Fuentes de empleo más allá de los modelos de distribución tradicional que utilizan contenidos creados por una elite de artistas. El resultado debe aprovechar también los beneficios de las nuevas herramientas digitales para democratizar la creación de contenidos y usar internet como una plataforma eficiente de distribución.

Por último, es necesario eliminar el impuesto actual a las copias privadas, incluyendo la ambigua definición de “uso justo”.