Bolivia

Violencia digital: Vigilancia de las comunicaciones z la protección de la privacidad en internet en Bolivia

I. Un abordaje nacional en torno a la violencia

La Violencia Digital es considerada como todo ejercicio de poder que atenta contra los derechos humanos de una persona o un grupo de personas utilizando nuevas tecnologías de información y comunicación. Este nuevo concepto, epistemológicamente, resguarda dos tipos de “bienes jurídicos”, por un lado: a) bienes jurídicos patrimoniales como en el caso de los delitos informáticos o el ciber-crimen centrado en la protección de equipos informáticos, bases de datos e infraestructura crítica de internet; y por otro: b) el bien jurídico de la personalidad centrado en la protección de las personas por encima de las máquinas y bases de datos.

En Bolivia, hasta la fecha, no se registran discusiones formales sobre la vigilancia masiva de las comunicaciones y la protección de la intimidad “en internet”. Como en varios países, hubo cobertura mediática de los casos Wikileaks y las denuncias de Snowden sobre espionaje de la NSA a altos mandatarios de la región. En el ámbito político nacional, algunas diputadas denunciaron en junio de 2012 que el Órgano Ejecutivo habría intervenido las comunicaciones telefónicas de asambleístas de oposición, sin embargo, no se encontraron datos fiables sobre procesos penales en proceso o conclusión en el sistema judicial boliviano.

La principal iniciativa sobre la vigilancia de las comunicaciones y la protección de la intimidad en Bolivia, basada en el modelo de múltiples partes interesadas, inició formalmente el primer semestre del año 2014; y se pueden identificar claramente tres grupos de actores gubernamentales que promovieron la promulgación de leyes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ellas mencionan indirectamente la protección de la intimidad y la vigilancia de las comunicaciones en internet:

• Iniciativas lideradas por la Defensoría del Pueblo de Bolivia en articulación organizaciones sociales se promovieron las siguientes leyes: Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, (Nº 348, artículo 7 incisos 4 y 5 hace referencia a la violencia mediática); Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (Artículo 8 inciso N, habla de la divulgación o revelación de información personal de mujeres en ejercicio político de funciones).
• Iniciativas lideradas por el Ministerio de Gobierno y en coordinación con actores sociales articulados a la Defensoría del Pueblo se aprobaron dos leyes: “Ley del sistema nacional de seguridad ciudadana para una vida segura" Nº 264 (Capítulo IV artículos 47 al 52, sobre medidas de prevención tecnológica, normando la instalación de cámaras de vigilancia y convenios con ISP para el uso de tecnologías de información en temas de seguridad ciudadana). Por otro lado, se encuentra la “Ley 263 Contra la Trata y Tráfico de Personas” (Artículo 323 Bis. I, II y III relacionados a la producción, consumo y resguardo de pornografía con agravantes en casos de pornografía infantil. Adicionalmente, el artículo 41 hace referencia explícita a la Interceptación y grabación de llamadas telefónicas bajo orden judicial).
• Iniciativas de la Autoridad de Regulación de las Telecomunicaciones que organiza desde junio de 2014 la Campaña Nacional de Prevención de la Violencia Digital en Bolivia y cuyo principal resultado será la promulgación del “Proyecto de Ley sobre Prevención de la Violencia Digital en Bolivia”, fundamentado en el modelo de múltiples partes interesadas, bajo el paradigma de la Gobernanza de Internet y cuyos lineamientos conceptuales radican en normativa “ex-ante”.

Cabe destacar que los tres grupos de actores, solicitaron expresamente a la Fundación REDES asesoramiento en el abordaje y comprensión de la violencia digital: En el primer caso, la Defensoría del Pueblo, entre 2012 y 2014, solicitó la capacitación de los actores de sociedad civil, policía nacional, Ministerios de gobierno, Ministerio de Justicia y Ministerio Público para la atención de casos de captación de víctimas de trata y tráfico a través de nuevas tecnologías. Además, solicitó la capacitación de más de 16 actores que forman parte de la Mesa Nacional contra la Violencia Escolar.

En el segundo caso, entre fines de 2013 y mediados de 2014, el Ministerio de Gobierno a través de la Dirección Nacional contra la Trata y Tráfico de personas y la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana -encargada de la instalación de videocámaras de vigilancia en todo el país- solicitaron apoyo técnico para velar por el cumplimiento de derechos de las personas en la formulación de leyes y reglamentos relacionados a la vigilancia y la protección de la intimidad en el marco de las tareas de investigación policial y la erradicación del crimen organizado para trata de personas.

Finalmente, el tercer grupo, encomendó a la Fundación REDES, desde mayo de 2014, la asistencia técnica para el desarrollo de una campaña nacional de prevención de la Violencia Digital denominada “No caigas en la red” y que se implementa a nivel nacional desde el 12 de agosto de 2014. El principal resultado de esta campaña, además de la sensibilización, será la formulación de un proyecto de Ley de Prevención de la Violencia Digital en Bolivia, respondiendo también a las necesidades de los dos grupos anteriores.

II. Acciones de sensibilización e incidencia ante autoridades nacionales

Un aspecto relevante en los procesos actuales que lleva Bolivia en relación a normativa que permitiría desencadenar acciones de vigilancia de las comunicaciones en internet, es que los actores involucrados en estas iniciativas, desconocen por completo el modelo de Gobernanza de Internet.

III. Publicación de material especializado sobre Gobernanza de Internet.

Desde el año 2010, la Fundación REDES, promueve iniciativas de sensibilización y difusión del paradigma de la Gobernanza de Internet, habiendo publicado los siguientes materiales educativos:

• Mapa de Gobernanza de Internet, con autorización de la Fundación DIPLO con apoyo financiero de la Vicepresidencia del Estado y Fundación REDES.
• El Ecosistema de Internet, autorizado por Internet Society con apoyo financiero de la Vicepresidencia del Estado y Fundación REDES.
• Transición de IPV4 a IPV6 con autorización de LACNIC y apoyo financiero de Fundación REDES.
• Carta de Derechos Humanos en Internet con autorización de APC y con apoyo financiero de la Red Nacional TICBolivia y Fundación REDES.

Estos materiales se usan actualmente para la sensibilización de actores de gobierno, privados, cooperación internacional, usuarios y padres de familia interesados en la erradicación de la violencia en internet, obteniendo como principal resultado, la divulgación del discurso de “Auto-regulación de internet” y sustituyendo el discurso de “regulación de internet”.

IV. Reuniones de alto nivel sobre principios de gobernanza de internet.

Se realizaron reuniones talleres y conferencias con autoridades de alto nivel con:

• Representantes de la Adjuntoría de Asuntos Especiales de la Defensoría del Pueblo, a partir de la firma de convenio entre ésta institución y la Fundación REDES en 2012.
• Reuniones de sensibilización con miembros de la Mesa nacional contra la Violencia en la Escuela en 2012.
• Conferencias y talleres de capacitación con miembros de la Mesa Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico, sobre captación de víctimas en internet y penalización de delitos contra menores de edad a través de las nuevas tecnologías en 2013 y 2014.
• Conferencias y talleres de capacitación sobre prevención de violencia digital contra niños y adolescentes con los Gobiernos Municipales de las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba en 2014.
• Reuniones de alto nivel con el Director Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de personas, en torno a proyecto de ley de control de contenidos en internet en mayo y julio de 2014. Estas reuniones son históricas, pues se explicó a las autoridades principios como el de neutralidad de la red, gobernanza de internet, auto-regulación, derechos humanos en internet, respeto de la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones. Se explicó además, las características del entorno internacional sobre auto-regulación de internet y los avances globales en materia de libertad de expresión en internet.
• Reuniones de alto nivel con la Autoridad de Regulación de las Telecomunicaciones (ATT) para atender casos de violencia digital, entre fines de 2013 y 2014, en que se explicó la importancia de alinear las nuevas perspectivas de regulación de las telecomunicaciones en relación al modelo de auto-regulación y gobernanza de internet.

V. Dos enfoques de construcción de normativa relacionada a la vigilancia de comunicaciones en Bolivia

Desde 2010 diversos instrumentos legislativos sobre violencia y seguridad ciudadana, hablan de la vigilancia de las comunicaciones. Se puede diferenciar claramente dos enfoques:

• Legislación sobre seguridad nacional, seguridad ciudadana y protección de la infancia. En esta categoría se encuentran las iniciativas descritas en los incisos a y b al inicio de este artículo. Implican acciones relacionadas a la penalización y sanción de distintos casos de seguridad ciudadana y la penalización de la violencia contra las mujeres y la infancia, incluyendo la atención a la difusión de contenido en medios de comunicación tradicional y el uso de internet. Este abordaje se caracteriza por no estar directamente relacionado al universo de internet y se observa un claro desconocimiento de la gobernanza de internet y los principios de derechos humanos en la red.
• Legislación sobre prevención de la violencia digital. Este abordaje es liderado por la Autoridad de Telecomunicaciones e inició formalmente el año 2014 con asistencia técnica de la Fundación REDES. Se caracteriza por articular a los actores e iniciativas mencionadas en los incisos a, b y c de este artículo; y por plantear el abordaje de la Violencia Digital en el marco de la Gobernanza de Internet. Este proceso, se encuentra en pleno proceso de construcción, y la ATT mencionó a la Fundación REDES la importancia de realizar este proyecto de Ley considerando el nuevo paradigma de auto-regulación de internet.

VI. Acciones urgentes: perspectivas del proyecto de ley de prevención de la violencia digital y el abordaje de la vigilancia masiva de las comunicaciones en internet

Entre agosto y noviembre de 2014, se espera formular las bases para redactar la “Ley de Prevención de la Violencia Digital en Bolivia”. Es importante destacar el enfoque preventivo, que permite abrir una nueva era de la legislación relacionada a internet dentro de la categoría “regulación ex-ante” (antes de que se produzcan actos ilícitos); y que además, plantea la corresponsabilidad del ecosistema de actores de internet, en la prevención y erradicación de las formas de violencia en internet, incluyendo la vigilancia masiva y la violación de la intimidad.
La prevención de la violencia digital implica casos de violencia a través de internet por parte de tres grandes categorías de actores:

• Casos de violencia digital protagonizada por Estados. Incluye casos de vigilancia, espionaje y acoso de: Estado a Estado; de Estado a Empresas; y de Estado a ciudadanos.
• Casos de violencia digital realizada por empresas. Incluye casos de vigilancia, espionaje y acoso de: Empresa a empresa; empresa a Estados y empresa a ciudadanos/usuarios de servicios de comunicación digital.
• Casos de violencia digital realizada por personas. Incluye casos de vigilancia, espionaje y acoso de: crimen organizado a personas; y casos de violencia entre personas particulares (acoso, engatusamiento, fraude electrónico, pornografía infantil, robo de contraseñas, suplantación y usurpación de identidad; plagio, etc.).

La prevención de la violencia digital desencadena acciones de coordinación multisectorial entre actores de gobierno: Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Telecomunicaciones, Autoridad de Regulación de las Telecomunicaciones; Vicepresidencia del Estado; Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia; Ministerio de Educación; Ministerio de Comunicación y gobiernos municipales. Se resguarda la vigencia de los derechos humanos en internet y la prevención de todo tipo de violencia en internet, incluyendo el respeto a la privacidad y la vigilancia de las comunicaciones únicamente bajo orden judicial y en respeto a la Constitución Política del Estado.

Desde actores de Sociedad Civil, se articulan: Defensoría del Pueblo de Bolivia; Red Nacional TICBolivia; Fundación REDES; Asociaciones de padres de familia; Asociaciones dispersas de usuarios de servicios de internet y telefonía móvil. Se busca resguardar la privacidad e intimidad, la libertad de expresión y el uso responsable de internet entre usuarios de servicios de valor agregado. Se promueve la creación de una cultura digital responsable y la difusión del ejercicio de la libertad de expresión en la web.

Desde la perspectiva de proveedores de servicios de internet (ISP) y telefonía móvil en Bolivia, se incluye a las empresas ENTEL; VIVA y TIGO en coordinación con el ente regulador y asistencia técnica de Fundación REDES. Desde este ámbito, se resguarda la neutralidad de la red, la inviolabilidad de las comunicaciones, la imparcialidad de las empresas en la provisión de servicios de internet y comunicaciones móviles; además, se plantea la defensa del consumidor y la preservación del modelo de negocios basado en múltiples actores involucrados.

VII. Conclusiones

El abordaje de la vigilancia de las comunicaciones, la protección de la privacidad e intimidad de las personas en internet, actualmente se promueve en Bolivia bajo el paraguas mayor de la Violencia Digital. Este abordaje permite articular iniciativas dispersas que antes promovían la vigilancia de las comunicaciones bajo el argumento de la seguridad ciudadana, la seguridad de Estado y la protección de la infancia.
La categorización de la violencia digital cometida por Estados, empresas y personas, permite organizar y articular el marco normativo nacional, como la Constitución Política del Estado, que protege la intimidad, la libertad de expresión y la inviolabilidad de las comunicaciones; y permite contextualizar este debate a la luz del paradigma de Gobernanza de Internet y la necesidad de desarrollar “nueva normativa preventiva” a la luz del modelo de múltiples partes interesadas (multistakeholders).
La construcción de un proyecto de ley de “prevención de la violencia digital” permite delegar nuevas funciones y responsabilidades entre todos los actores que forman parte del ecosistema de internet: incluyendo actores de gobierno; privados, usuarios, sociedad civil, comunidad técnica y cooperación internacional.
Bolivia se encuentra ante una nueva perspectiva y oportunidad de plantear proyectos de ley bajo el paradigma de regulación ex-ante y desarrollar co-responsabilidad entre todos estos actores bajo el modelo de auto-regulación. El reto está planteado y es un actor de sociedad civil quien brinda la asistencia técnica para garantizar un abordaje que garantice que no se cometan arbitrariedades contra las y los usuarios de internet y telefonía móvil en Bolivia.

Fundación REDES www.fundacionredes.org

Desde el año 2010, la Fundación REDES de Bolivia publicó la investigación “por un abordaje transdisciplinario de las violencias en la sociedad de la información”, con la finalidad de tipificar casos de violencia que se registran en Bolivia a través del uso de nuevas tecnologías, y entre las que se incluye la vigilancia masiva de las comunicaciones y la violación de la intimidad en internet.

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/suplementos/la_gaceta_juridica/Derecho-intimidad-privacidad-Constitucion_0_1627037350.html

ATT asumió explícitamente a la categorización desarrollada por la Fundación REDES en diciembre de 2013.