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Uruguay

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En penumbras: Vigilancia, seguridad e información pública en Uruguay [1]

Introducción

En julio de 2013 un diario local reveló que el gobierno uruguayo compró en secreto un software de vigilancia llamado "El Guardián". (El País, 2013). [2] El Guardián y su eventual uso, significa un cambio radical en la vigilancia online y telefónica por parte del Estado y los retos que representa sigue estando en gran medida fuera del debate público. Este estudio tiene como objetivos analizar los avances más recientes en términos de la utilización de la tecnología para la vigilancia en Uruguay por parte del Estado .
Además, proporcionará una descripción de los eventos clave y la regulación que últimamente han surgido en Uruguay analizar los desafíos a la privacidad y otros derechos que representan estas tecnologías. Por último, propondrá un conjunto de temas para desarrollar una agenda de trabajo de acuerdo con los Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos de Vigilancia de Comunicaciones [3] en el contexto uruguayo.

Seguridad y Vigilancia en el contexto uruguayo.

Uruguay es considerado una democracia estable y relativamente transparente por varios indicadores disponibles, como Transparencia Internacional (2013).[4] La Democracia Uruguaya se recuperó en 1985, pero la tradición democrática del país llega hasta el comienzo del siglo XX. Durante la dictadura militar (1973-1985) el gobierno uruguayo estableció duros programas de vigilancia con el fin de monitorear sus ciudadanos. Según Brecha (2008) un ex oficial de inteligencia señaló que la dictadura logró obtener perfiles de al menos 300.000 uruguayos. El acceso a estos archivos todavía se disputa 5 en Uruguay y cada vez más se están haciendo disponibles para las personas que se encontraban bajo la vigilancia estatal.

Uruguay ha establecido un una reputación como un país liberal y progresista. En los últimos 5 años Uruguay aprobó la regulación sobre el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización del cannabis. Además Uruguay aprobó una ley de software libre que requiere que el gobierno utiliza software libre y formatos abiertos en todas sus actividades. Está pendiente la regulación de la ley para que sea aplicable.

La Intendencia Municipal de Montevideo fue una de las principales ciudades que lideró los avances sobre las políticas de datos abiertos y software libre.
Uruguay estableció un monopolio en términos de provisión de Internet a cargo de la empresa estatal ANTEL.[6] ANTEL está implementando un programa de amplio alcance para proporcionar acceso a Internet a través de fibra óptica a todo el país. Anteriormente ANTEL ya aseguraba la conectividad en todo el territorio y estableció un esquema para proporcionar un acceso mínimo a Internet para todos los ciudadanos.El 58% de la población tiene acceso directo a Internet y el 18% son usuarios regulares de internet. Más aún, el establecimiento y desarrollo de la Red Ceibal ha permitido a cada niños en Uruguay tener acceso a los dispositivos (netbooks) para conectarse a Internet en sus escuelas, hogares y también plazas públicas. CEIBAL está fomentando un nuevo tipo de educación que depende en gran medida de la internet. En los próximos 10 años una nueva generación de nativos digitales con pleno acceso a las computadoras y a internet emergerá en Uruguay. [7]

El país tiene un sistema judicial fuerte, con una larga tradición de defensa del Estado de derecho. Además Uruguay tiene una ley de protección de datos personales relativamente fuerte, aunque no hay una evaluación sistemática de su ejecución.

Sin embargo el cambio tecnológico ha superado la capacidad de las instituciones de control del gobierno del gobierno para mantenerse al día en varios desarrollos emergentes en su mayoría en el área de seguridad y defensa. La mayoría de estos desarrollos han sido justificados en el discurso público como nuevas herramientas para luchar contra la delincuencia organizada y las posibles amenazas externas, así como para mejorar los servicios policiales a través de la tecnología. El Gobierno uruguayo como muchos otros países de América Latina se encuentra bajo una fuerte presión para hacer frente a varios problemas de seguridad. En este contexto hay tres desarrollos que ofrecen un conjunto de desafíos a la privacidad y la democracia:

  • La compra y la inclusión de la tecnología digital (software) que potencialmente espie a la población [8]
  • El desarrollo de sistemas de vigilancia con cámaras de circuito cerrado y a drones para fomentar
    la seguridad pública y una mejor actuación policial (El País, 2014).[9]
  • El desarrollo de una ley de cibercrimen que efectivamente proscribe un conjunto de comportamientos considerados" peligrosos " y limita las libertades en la era digital.[10]

Los desarrollos mencionados se dan un en un contexto de falta de regulación y comprensión de las implicancias de la tecnología en temas de derechos por parte de las autoridades, el poder judicial y las instituciones que defienden los derechos humanos.

El Guardián: Software de Vigilancia

En julio de 2013 un diario local dio la noticia sobre la compra secreta del software llamado "El Guardián" por el gobierno uruguayo.[11]


El Ministerio del Interior , que es responsable en este tema ,clasificó como secreta esta adquisición, bajo la ley de acceso a la información, ocultándose de los registros oficiales .No hubo licitación, ya que era una compra directa y excepcional. El costo de la licencia de software fue de US $ 2.000.000 y hay una cuota de servicio anual de US $ 200.000. El Guardián es un sistema diseñado para controlar varias redes que permite hasta 30 personas trabajar simultáneamente en la escucha de teléfonos celulares, teléfonos fijos y correos electrónicos. El software fue diseñado por una empresa brasileña llamada Digitro Tecnologia.

Uruguay ha aprobado recientemente una ley de software libre que esencialmente indica que el gobierno debe utilizar software abierto o libre a menos que exista una buena justificación. El Guardián no cumple con esta normativa, ya que es un software privativo o propietario. Según El País, Digitro también proporciona servicios a la Policía Federal brasileña. En Brasil ha habido un intenso debate sobre el uso de El Guardián. El Ejército y la Policía en Brasil admiten abiertamente el uso de esta herramienta.[12]

En Brasil varias organizaciones e instituciones vinculadas a la rendición de cuentas están preocupados por hasta qué punto el software está siendo utilizado en su población civil y cómo exactamente varias unidades estatales a nivel nacional y el estado lo están utilizando.Por ejemplo, había preocupación en que este fuera utilizado en el contexto del último torneo de la Copa Confederaciones de fútbol en Brasil, y eso desató el malestar social en varias ciudades.[13] Privacidad Latam, un blog especializado en esta materia en América Latina informa que de acuerdo con el General José Carlos dos Santos del Centro de Defensa Cibernética del Ejército de Brasil”la vigilancia es legal y se justifica dentro de las políticas y acciones de seguridad nacional”. También afirma que el software está adaptado y personalizado por el usuario y no es usado para supervisar a los ciudadanos en general, y” sólo se utilizó durante la Copa Confederaciones 2013. "[14]

En Uruguay las autoridades han asegurado a los medios de comunicación que el programa se utilizará siguiendo el marco legal tradicional, lo que implica el poder judicial tendría que autorizar la actividad de vigilancia. En las palabras del Secretario de la Presidencia de la República: “Este sistema lo que hace es centralizar más las investigaciones por medio de telecomunicaciones y va a dar mayores garantías a quienes sean objeto de ellas. La tecnología es mucho más avanzada de la que tenemos en Uruguay. Se va a seguir con orden del juez competente o a pedido del fiscal, con el consentimiento de la empresa de telecomunicaciones. Siguen las garantías de siempre”, "[15] Desde entonces los medios de comunicación y el gobierno han sido relativamente silenciosos sobre el uso de El Guardián. Mientras que las garantías de que seguirá habiendo un marco jurídico que respete las libertades fundamentales y el debido proceso son reconfortantes, hay serios desafíos por delante. No hay todavía ninguna regulación sobre el uso específico de esta herramienta para la obtención de información por las Fuerzas de Inteligencia. Actualmente Uruguay está en medio de una discusión sobre la forma de estructurar los servicios de seguridad y de inteligencia y como resultado de la utilización de este tipo de tecnologías no está bien regulado. Además, la triangulación de los datos recogidos a través de los diferentes servicios de seguridad como el nuevo sistema de circuito cerrado de televisión en el lugar y drones es un asunto de preocupación. Un conjunto de preguntas claves emergen:

  • ¿Cómo se implementará este complejo conjunto de tecnologías? ¿Cuál es el protocolo para
    desplegarlo y tendrá que reflejar los principios de proporcionalidad y de necesidad?
  • ¿Cuáles son los arreglos básicos de rendición de cuentas para los oficiales de seguridad que
    operan estas tecnologías?
  • ¿Cómo van las agencias uruguayas cooperar con otras agencias de inteligencia de todo el mundo
    y la región, y hasta qué punto?

Otro conjunto de preguntas surgen acerca de cómo se aplica la actual normativa de privacidad en este entorno. Existe la necesidad de volver a pensar en la vida privada en el contexto de la vigilancia de las comunicaciones, en particular cuando se lleva a cabo la información privada y por cuánto tiempo las autoridades uruguayas serán capaces de mantener esta información.


El hecho de que este software fue comprado usando un procedimiento secreto sin ningún control por parte del Parlamento o de otros órganos de contralor, muestra que es necesario repensar la disposición de rendición de cuentas en el sector. Además, mientras que el Ministerio argumenta que el software es auditable no hay una especificación de cómo es auditable, quienes realizan dicha auditoría y si los resultados de estas auditorías van a estar a disposición del público.

Conclusión

El debate acerca de la vigilancia, la recopilación de inteligencia y la privacidad es poco informado en Uruguay. Las autoridades están reaccionando hacia una tendencia regional y mundial para utilizar el software para controlar las llamadas telefónicas y redes con fines de seguridad con ninguna orientación o estrategia clara (al menos conocidas por el público) que reflejen las preocupaciones de derechos humanos que naturalmente implican estos temas. Mientras que las declaraciones de las autoridades públicas sobre la defensa del Estado de derecho son una buena señal, la complejidad del tema requiere de una mejor regulación. Definir esa regulación requiere por parte del Estado del compromiso de involucrar a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de derechos humanos para trabajar adecuadamente en la protección a los derechos humanos en una época de cambios tecnológicos. Las organizaciones del gobierno uruguayo y de la sociedad civil no están preparados todavía para tener un debate elaborado al respecto. Por otro lado, debido a su tradición de defender el cumplimiento de las normas , Uruguay presenta una oportunidad para fomentar la regulación adecuada y garantista en este tema.

 

El camino a seguir: Un llamado por los derechos humanos centrada en la visión de la seguridad en la era digital

Negar los desafíos que el Estado enfrenta en la era del crimen transnacional, con altos niveles de sofisticación es insensato e irresponsable desde una perspectiva ciudadana. Pero la concesión de un "cheque en blanco" sin restricciones a la autoridad del gobierno sobre los derechos de las personas es igualmente irresponsable. Uruguay ya ha pasado por un sistema tecnológicamente menos sofisticado pero igualmente perjudicial de vigilancia durante la dictadura de 1973-1985. Hasta hoy la liberación de estos archivos y el acceso a los registros de las personas que estaban bajo vigilancia sigue siendo problemática.


En el contexto de una sociedad democrática y progresista, como Uruguay se define a sí mismo, es el
momento de tener un debate serio sobre la privacidad y la seguridad en la era digital. Los pasos siguientes
son recomendaciones para avanzar en una agenda de derechos humanos centrado en este tema:

  • Fomentar el diálogo sobre los principios para la implementación de el Guardián y otras tecnologías
    entre las instituciones de derechos humanos, el Poder Judicial, la comunidad de inteligencia y de
    la sociedad civil para identificar un terreno común sobre este asunto.
  • Definir protocolos claros para utilizar estas herramientas y líneas claras de rendición de cuentas de
    los funcionarios públicos involucrados en este proceso.
  • Definir líneas claras de rendición de cuentas democrática al Parlamento, el Instituto Nacional de
    Derechos Humanos y la sociedad civil. En particular, estableciendo un mínimo de transparencia
    en torno a estas actividades y anualmente un informe abierto al escrutinio público.
  • Revisar el estado actual de la ley de protección de datos personales e identificar las vacíos
    legales y las mejores prácticas en el contexto de la actividad de seguridad y vigilancia.
  • Considerar marcos regulatorios garantistas en términos de retención de datos y el acceso a los
    datos de las personas potencialmente sujetas a vigilancia.
  • Promover el uso de tecnologías auditable (idealmente software abierto o software libre) para
    gestionar la retención de datos y proteger los datos críticos para las actividades de inteligencia y
    vigilancia.

Para una sociedad democrática el camino a seguir implica la democratización del acceso al conocimiento
de las actividades de vigilancia y su control. Las recomendaciones mencionadas son el punto inicial para
un muy necesario diálogo y debate sobre estos temas en Uruguay.

 

1 El presente documento fue publicado por GISWATCH y se encuentra disponible en inglés
: http://www.giswatch.org/en/country-report/communications-surveillance/ur... . La traducción y
adaptación ha sido realizada por Ana Tudurí. Los errores y omisiones corren de parte del autor como es de
estilo.

2 Terra, G. (2013). Gobierno compró “El Guardián” para espiar llamadas y correos.El País.

3 https://en.necessaryandproportionate.org/tex

4 www.transparency.org/country#URY

5 Sempol, D. (2008).Artículo en Brecha, 16 de Mayo, citado en Zabala, M.,& Alsina, A. (2008).Secretos
Públicos. Montevideo: Fin de Siglo,p.46.

6 Administración Nacional de Telecomunicaciones: www.antel.com.uy

7 El Observador. (2013, April 3). Uruguay a la cabeza de Latinoamérica en penetración de internet El
Observador.
www.elobservador.com.uy/noticia/247366/uruguay-a-la-cabeza-de-latinoamer...
net. civil, (El País, 2013).

8 Terra, G. (2013). Op. cit.

9 El País. (2014, April 21). Así vuelan los colibríes de la Policía uruguaya. El Pais.
www.elpais.com.uy/informacion/asi-vuelan-colibri-drones-ministerio.htm

10 Presidencia de la República. (2014, June 30). Ejecutivo remitió al Parlamento proyecto de ley que pena
los delitos cibernéticos. Presidencia de la República.
www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/seguridad-infor...

11 Terra, G. (2013). Op. cit.

12 Lobo, A. P. (2013, July 17). Exército usou software Guardião para monitorar redes sociais. Convergência Digital.wap.
convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=34302&sid=11#.U5ZMmS9htb0

13 Veja. (2013, May 6). Conselho do MP investiga uso de grampos por promotores.Veja.
veja.abril.com.br/noticia/brasil/conselho-do-mp-investiga-uso-de-grampos-por-promotorias

14 Monteiro. (2014, February 13). Brazil monitors protests against the 2014 World Cup. Privacy Latam .
www.privacylatam.com/?p=200

15 Portal 180. (2013, July 30). Gobierno: Guardián centraliza vigilancia electrónica pero mantiene garantías.
Portal 180.www.180.com.uy/articulo/34766_Gobierno-guardian-centraliza-vigilancia-el...

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